El primer año del gobierno de Enrique Peña fue de reformas y éstas se concretaron en su parte constitucional; lo que sigue, que son los cambios legislativos secundarios, los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional los sacarán con relativa facilidad en el Congreso.

El miércoles pasado, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, anunció que la prioridad  en 2014 es la seguridad y el restablecimiento de la paz específicamente en los estados de Michoacán y Guerrero.

Pero ya no se trata solo de delincuencia criminal. Durante el arranque de esta administración fue posible ver el repunte de la acción de grupos armados de distintos signos que al parecer se mantuvieron hibernando durante las administraciones panistas y su “guerra” contra el narcotráfico y se reactivaron con el regreso del PRI.

Por un lado, las guerrillas que aún sobreviven en el país han modificado su actuar y aprovecharon los vacíos que dejó la izquierda partidista y extendió su influencia en distintos grupos sociales, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca y otros estados o las policías comunitarias en Guerrero.

Por el otro están las llamadas autodefensas, de las cuales algunas surgen legítimamente frente al crimen, pero otras operan directamente a las órdenes de los grupos criminales para evitar que las fuerzas federales entren a sus territorios.

El asunto no es nada sencillo y, sin duda, es un gran reto para el gobierno desactivar o reducir estas expresiones que pueden derivar en actos de violencia; y eso pasa obligadamente por atender la situación de urgente necesidad de las zonas marginadas del país cuya pobreza y descontento es el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de grupos armados, ya sean de orientación rebelde o al servicio del crimen organizado, por lo que la solución no se ve fácil porque no se trata solo de enviar policías o militares y echar balazos.