Si usted va en busca de justicia, este día olvídelo o regrese hasta el 1 de abril para exigir la aplicación de la ley. Y es que como ya es costumbre, el Poder Judicial de Quintana Roo tomará el mega puente de Semana Santa.

Si, leyó usted bien: nuestros jueces y magistrados, estos que ganan más de 150 mil pesos mensuales, los que gozan de seguros de vida de inversión, gastos médicos mayores, ayuda para la adquisición de vehículos con cargo al erario y los que mantienen en la cárcel a cientos de inocentes, mientras los verdaderos bandidos continúan delinquiendo, se tomarán sus primeros días de asueto.

Según una circular que aparece pegado en las puertas del TSJ, se aprecia el acuerdo en el que los magistrados que encabeza Fidel Villanueva, aprobaron por unanimidad que el personal del Tribunal Superior de Justicia, las Salas Mixtas de Chetumal y Cancún, Sala Constitucional y Administrativa, los Juzgados Civiles y Familiares de Primera Instancia, saldrán de vacaciones durante este puente.

Resulta raro ver que estos “paladines de la justicia” nunca concuerdan para la aplicación de las leyes, pero ¡cómo coinciden para autorizarse de manera unánime el incremento de sus sueldos y, obvio, períodos vacacionales!, tal y como se aprecia en el citado circular, donde además se advierte del puente vacacional de los “flamantes”.

No conformes con tener sueldos superiores a los de algunos gobernadores, la cúpula ma-fiosa del Poder Judicial continúa tratando de establecer períodos vacacionales similares a los de los maestros, esos que en entidades como Oaxaca y Guerrero mantienen como rehenes a muchos miles de estudiantes, a quienes han condenado a no recibir educación por tiempo indefinido, con efectos devastadores en los mexicanos del mañana.

Sumado a estos 22 días, repartidos en dos períodos vacacionales contemplados en julio y agosto, el Poder Judicial del estado estableció como días inhábiles el 7 de febrero, 7, 8 y 21 de marzo; 5, 21 y 22 de abril, y los días inhabilites contemplados a nivel nacional: 1 de enero, 5 y 24 de febrero, entre marzo y abril la Semana Santa; de mayo, el 10; 16 de septiembre, 1 de noviembre, 20 de noviembre 24, 25 y 31 de diciembre.

En todos esos días el retraso en los juicios es más que evidente cuando se producen vacíos temporales, específicamente en los juzgados de lo Penal, cuando los jueces salen de vacaciones o piden licencia por enfermedad. Cuando ello ocurre, esa carga de trabajo pasa a manos de otros jueces, lo cual demora la resolución de los casos que deben ser atendidos sin demora. Esta es una práctica bien criticada por la opinión pública, pero que se mantiene imperturbable, contribuyendo a incrementar la lentitud que reina en el sistema de aplicación de la justicia en nuestro país.

Precisamente ha sido tradición en nuestro país que se cierren los tribunales de justicia como consecuencia de las vacaciones de los funcionarios y empleados judiciales. La razón del cierre es simple: todos los servidores públicos que trabajan en cada tribunal salen de vacaciones al mismo tiempo. En nuestra opinión, los tribunales de justicia no deberían cerrar jamás sus puertas al público, por la elemental garantía de acceso a la justicia.

Las vacaciones de los burócratas deberían programarse o calendarizarse sin necesidad de cerrar los tribunales, porque se trata de un área muy delicada, como el Sector Salud.

Algo que nos diferencia de las sociedades más avanzadas que la nuestra: en todos los países desarrollados del mundo los tribunales de justicia siempre están abiertos al público, y los burócratas disfrutan de sus vacaciones en forma rotativa y calendarizada.

Indefectiblemente, esta práctica inconsecuente, al igual que los puentes, asuetos y feriados arbitrarios, deben erradicarse del sector justicia para evitar atropellos como estos, ya que la afectación es sin duda enorme.