Que en el asunto de las viviendas verticales que se quieren promover en Mérida como una forma de impedir el crecimiento desordenado de la ciudad, parece ser que se aplica el refrán aquel de: “Muerto el niño hay que tapar el pozo”, porque, aparentemente sin una reglamentación establecida –o violando normas que establecen un máximo de pisos que debe tener ese tipo de edificios en esta ciudad- han comenzado a aparecer por todos los rumbos del norte de la ciudad construcciones verticales que se pierden en las alturas.

Y en este caso no se le puede achacar toda la culpa a quienes invierten su capital en esas edificaciones, sino a la autoridad, sobre todo la municipal, que o es omisa o se hace de la vista gorda ante este fenómeno urbanístico.

Hacer condominios de la altura de rascacielos quizá sea lo adecuado, pero hay que regularlos y al entrar al quite el gobierno del Estado pone la muestra de que la autoridad no debe desajenarse de lo que ocurre en su entorno, aunque parezca que la medida sea para “desfacer un entuerto”.

Que respecto de las tarifas de autobús, cuya alza de un peso para adultos entró en vigor ayer domingo, aunque era urgente y necesaria porque hacía años no se movía, nadie quedó contento, ni los camioneros, que sienten que es una aspirina para un cáncer,  ni, obviamente, los usuarios que tendrán que pagar no uno sino cuatro pesos más, ya que la mayoría aborda cuatro camiones para ir de su casa a su trabajo, además de lo que le dan a sus hijos para ir a la escuela.

Sin embargo, está el plan del gobierno del Estado que debe resolver a fondo este asunto que tiene tantas y tan graves implicaciones sociales y económicas.