18 de Diciembre de 2017

Opinión

Águilas caídas

Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, 224 militares fueron asesinados de los casi 50 mil que en promedio se dedicaron mensualmente al combate al crimen.

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Inmersos en la vorágine de acontecimientos por el caso de los normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, pasan desapercibidos otros escenarios y eventos de la guerra contra la delincuencia organizada y que muestran que casi no se ha avanzado en varias entidades del país.

El pasado 3 de noviembre, otro alto mando del Ejército, el general Ricardo César Niño Villarreal, jefe de seguridad de la región norte de Tamaulipas con sede en Nuevo Laredo, fue asesinado. Su muerte se suma  a una larga lista de militares abatidos en esta lucha a la que no se ve el fin.

En los últimos cinco años, al menos cinco generales y un almirante han perecido, los primeros, en situación de retiro y la mayoría en ejercicio de cargos de seguridad pública: general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, febrero de 2009 en Cancún; general brigadier Juan Arturo Esparza García, noviembre 2009 en Nuevo León; general de brigada Manuel Farfán Carreola, febrero de 2011 en Tamaulipas; general de división Jorge Juárez Loera, mayo de 2011 en Edomex; general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro, abril 2012 en Ciudad de México. Y en este sexenio cayó el primer alto mando de la Armada, el vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, en julio 2013 en Michoacán, único que estaba en  activo y era comandante de Zona Naval.

Cifras oficiales indican que, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, 224 militares fueron asesinados de los casi 50 mil que en promedio se dedicaron mensualmente al combate al crimen; en promedio cada año mataron a 37 elementos del Ejército y de la Marina.

El general Ricardo Niño es el más reciente de los caídos en esta guerra interna que vive la nación, en la que miles de militares de todas las jerarquías, a diario, ahora mismo, cumplen misiones en la tierra, en el aire y en la mar para recuperar la paz que tanto hace falta al país.

Hoy, soldados y marinos siguen en la primera línea de fuego para combatir a los criminales que han tomado como rehenes pueblos, ciudades y aun estados. Que no se olvide.

Anexo "1"

Sigo sin entender

El 17 de mayo de 2013, en mi colaboración “Seguridad en manos de militares” escribí:

Nunca hemos entendido el porqué marinos y soldados aceptan –¿o buscan?– formar parte de cuerpos policiales. En la Armada se consideraba que era un retroceso en sus carreras, dicho esto con el respeto que nos merecen los buenos policías.

Pero la incrustación de militares en esas labores no es reciente. Desde hace décadas se les ha comisionado en labores de seguridad pública y actualmente varios cumplen esa responsabilidad en algunos estados. Los hay también quienes fungen, con acierto, como asesores en dependencias estratégicas, como Pemex y CFE.

Sin embargo, en años recientes no han salido bien librados quienes han optado por ser comandantes o directores de seguridad pública. Quintana Roo es un ejemplo con dos almirantes: Gerardo Olavarrieta León (que se vio obligado a dejar el puesto) y Miguel Angel Ramos Leal; actualmente hay un general, y ya ultimaron a otro (me refería entonces al general Mauro Enrique Tello Quiñones).

Y sigo sin entender, porque considero que los militares que se retiran con jerarquía de jefes y generales (capitanes y almirantes en la Armada) no tienen necesidad de exponer sus vidas en cargos de alto riesgo como actualmente es la seguridad pública. El almirante Sergio Javier Lara Montellano lo entendió bien y renunció al cargo de secretario de Seguridad Pública de Guerrero, en el que duró unos siete meses. 

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