18 de Septiembre de 2018

Opinión

Al fin abrieron los ojos

Se necesitaron 38 años para que un gobernador del Estado valientemente metiera orden en las finanzas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.

Compartir en Facebook Al fin abrieron los ojosCompartir en Twiiter Al fin abrieron los ojos

Se necesitaron 38 años para que un gobernador del Estado valientemente metiera orden en las finanzas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey).

Desde su creación en el año de 1976, las reiteradas denuncias públicas de que la institución era la caja chica del Ejecutivo en turno fueron el pan de cada día. Hoy, con la presentación de una iniciativa de reforma a su Ley, se reconoce abiertamente que las administraciones anteriores descuidaron su compromiso de garantizar a los servidores públicos el derecho a mejores prestaciones económicas y sociales, así como un servicio médico de calidad.

El candado que ahora se pretende instalar con esta iniciativa que busca evitar el desvío de recursos a otros fines que no sean única y exclusivamente cubrir las prestaciones que dicho instituto tiene para sus derechohabientes, me parece redundante, ya que la misma Ley, en su articulado, impone al Consejo Directivo la obligación de cuidar de manera preferente los pagos regulares a su cargo por concepto de Seguros, Jubilaciones, Pensiones y Gastos de Administración.

Mandato sobre mandato, me suena a jalón de orejas, algo que Ulises Carrillo Cabrera, su actual director, no se merece, pues en su gestión al frente del instituto ha reorientado  los servicios e inclusive ha implementado nuevos beneficios a los trabajadores, como el préstamo “plus” que ha sacado de apuros económicos a miles de trabajadores, algo nunca visto anteriormente.

Uno de los casos más sonados sobre el uso indebido de los fondos del Isstey se dio por los años 1986 y 1987, cuando el entonces secretario general de la Sección 57, Ramiro Canto Torres, encabezó una férrea defensa de los fondos del Isstey, ya que el Gobierno del Estado pretendía reformar los artículos 52 y 56 de la ley del Instituto que permitiría otorgar de manera masiva créditos hipotecarios, en el recién creado fraccionamiento Chenkú, a trabajadores de bajo poder adquisitivo (policías) sin que se tuviera la seguridad de que éstos devolvieran al instituto la totalidad del crédito. 

En estos días las denuncias más fuertes tocan a las recientes administraciones, ya que no aportaban las cuotas que les correspondían. Primero se originó un enredo político con los terrenos de Altabrisa que se darían a cambio de la deuda y que luego se vendieron a terceros y últimamente una fuerte deuda heredada, de más de mil millones, que poco a poco va cubriendo el actual gobierno. Bienvenida la decisión.

LO MÁS LEÍDO

LO MÁS COMENTADO

NOTAS RELACIONADAS

Comentarios

Responder a  Name   
Comentarios
Responder a  Name   
Responder a  Name   
DE:(TUS DATOS)
Nombre
E-mail
ENVIAR A:(DESTINATARIO)
Nombre
E-mail
Comentarios