Los funcionarios de los Sindicatos de Taxistas de Quintana Roo justifican que la autoridad judicial debe atender y resolver en breve los delitos cometidos por sus choferes. Es verdad. La ley otorga todas las facultades para que los agentes investiguen y procedan, sobre todo cuando son de alto impacto. Pero no es correcto que se desentiendan de un gravísimo problema que afecta al gremio.

Ha transcurrido un mes desde que dos taxistas fueron ejecutados por “causas desconocidas” en Playa del Carmen, aunque a la fecha, además de no hallar a los culpables, no hay respuesta formal del Sindicato en torno a las acciones inmediatas para evitar más casos. Es, claramente, un tema de responsabilidad compartida.

El Sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” debe procurar el bienestar de la población y del turista. Fomentar el turismo y brindar un servicio seguro para todos, debe ser una acción permanente y no una simple consigna en los discursos. Si es una prioridad, ¿por qué no mejorar la selección de los aspirantes y fortalecer los sistemas de control? 

Desde hace tiempo los choferes de nuevo ingreso deben cumplir requisitos, como pruebas clínicas, entre ellas el antidoping, aunque no ha sido suficiente. Cabe la duda de que si los exámenes son aplicados con rigor y los resultados divulgados públicamente. Además de cartas de recomendación y las constancias de antecedentes no penales, los requisitos deberían dificultarse para reclutar con certeza. 

Cuando alguien lee o escucha que los taxistas cometen robos o violaciones, se pregunta para qué sirven los números de placas y económico en la parte lateral y en gran formato; para qué el gafete a la vista, y para qué las unidades de servicio exclusivo. Todas son medidas necesarias, pero no eficaces.

Se puede mejorar, sin duda. Es un Sindicato con recursos para corregir los errores y apostar a la renovación. Ahí están los torneos futbolísticos, la escuela de béisbol, las actividades culturales, las jornadas de salud, los programas de educación, las capacitaciones y los espacios de recreación familiar. La infraestructura del gremio, con auditorio, campos deportivos, ambulancias, clínica y grúa, demuestran que es uno de los más fuertes de Quintana Roo. 

¿Basta, entonces, que el Sindicato esté dispuesto a colaborar con las autoridades correspondientes para prevenir delitos? Si nadie del Sindicato ha sido convocado para comparecer por las ejecuciones del mes pasado, alguien falla, y no precisamente la autoridad judicial. 

La inseguridad no sólo se mide con hechos tan violentos, sino por el mal servicio. Los conductores de las combis de este gremio son acusados con frecuencia de trato déspota, de exceder los límites de velocidad y de poner en riesgo la vida de los usuarios en tramos riesgosos. Peor aún, se habla de aparentes desfalcos y de una administración fraudulenta. Es el ámbito más débil del Sindicato. Esto, por cómo está conformada la administración, por culpa de quienes han impuesto un modelo que sólo favorece a sus líderes. Incluso se dice que la administración de las combis está quebrada, pero funciona gracias a patrocinios extraoficiales. 

El problema del servicio de combis se debe atender sistemáticamente, colaborando con el transporte municipal, educando a los choferes y asumiendo otros compromisos por el bien de los usuarios, muchos de los cuales son visitantes.

La administración de Jacinto Aguilar Silvarán, quien zanjó conflictos internos que antes dividieron al gremio, debe facilitar las condiciones para que el próximo líder consolide lo que hoy presumen a medias.

Ahora es urgente corregir las pifias que tanto perjudican.