16 de Octubre de 2018

Opinión

Aparecen con Alerta Amber… ¿Y los que no?

Muchos han sido testigos del impacto favorable en redes sociales cuando se intenta localizar a un extraviado o desaparecido.

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Muchos han sido testigos del impacto favorable en redes sociales cuando se intenta localizar a un extraviado o desaparecido. Casi nadie ignora la difusión de un boletín o de Alerta Amber, una respuesta civil de apoyo a las autoridades para agilizar la publicación de los anuncios al respecto.

El 29 de abril pasado el gobierno de Quintana Roo validó el protocolo de esta Alerta y rindió protesta el Comité de Coordinación, integrado por Secretarías y corporaciones de seguridad. El acto protocolario ocurrió hace ya tres años, en junio de 2011, durante la Conferencia de Procuradores en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando se firmó el pacto para incorporarse al Programa Internacional de Alerta Amber. En junio de 2012 se definieron en Monterrey los esquemas para aplicar la Alerta, con reglas de intervención y coordinación entre autoridades, medios de comunicación y sociedad.

Desde entonces, al menos un reporte diario se registra de alguien extraviado en el país. En Quintana Roo se han presentado casos con resultados óptimos: en 2013 hubo 11 activaciones de alertas, la mayoría resuelta, y en lo que va del año han contabilizado cuatro, de tres niños y una niña, quienes regresaron seguros a sus casas.

La Asociación de Chiapanecos Residentes en Quintana Roo, A.C., ha denunciado que muchos menores son traídos del sureste con falsas promesas para obligarlos a trabajar en lo que sea, incluso prostituyéndose.

En Cancún, niños, jóvenes y mujeres provenientes de esa y otras entidades sufren humillación, agresiones y explotación de todo tipo, reconoció en su momento la Procuraduría General de la República. Muchos de esos menores -a quienes se ve con frecuencia en zonas céntricas de Cancún- están en calidad de extraviados en sus Estados, aunque se complica su localización aquí ya que sus verdugos son miembros de bandas organizadas, las cuales mantienen oprimidos a los familiares de las víctimas y a éstas. Peor aún: muchos no hablan español, desconocen cómo interponer una denuncia o no se dejan ayudar, con lo cual se anula cualquier intento de justicia.

Hace pocos días el gobierno de Estados Unidos reveló que niños indocumentados solos provenientes de Centroamérica ingresaban a su territorio en busca de un futuro mejor. Los menores entran por la frontera sur de nuestro país, donde Quintana Roo es paso clave. Muchos van con rumbo al vecino del norte, sin embargo otros prefieren migrar a zonas turísticas del Caribe mexicano, atraídos también por la esperanza. Las desapariciones, lo sabemos, no siempre son contra la voluntad del individuo.

Cabe recordar que hace algunas semanas, autoridades municipales de Benito Juárez confirmaron la detención de cuatro menores guatemaltecos, quienes, sospechan, fueron víctimas de las organizaciones delincuenciales antes referidas. Es un asunto reciente que aún se investiga y que confirmaría lo antes expuesto.

Según el gobierno federal, hasta finales de mayo desconocían el paradero de más de 26 mil personas, aunque días después el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la cifra se redujo a 13 mil porque la mitad fue encontrada con vida en los últimos meses.

¿Y el resto? Nadie sabe. La incertidumbre se agrava porque en 2002 comenzó la integración de un banco nacional de datos genéticos, con casi 26 mil muestras de ADN a la fecha, pero sólo han concretado 542 identificaciones.

Como sea, cuantos sean y quienes sean (niños o adultos), son miles de familias que reclaman esclarecimiento de hechos y justicia.

Independientemente de las motivaciones de la desaparición -que pueden ser hasta de carácter criminal-, lo cierto es que ninguna persona debe desaparecer, menos los menores. El Estado mexicano tiene la obligación de dar con ellos y erradicar la impunidad, un problema que facilita la comisión de otros delitos, incluidas, claro está, las desapariciones.

La Alerta Ambar es buena medida, pero falta complementarla con más controles eficaces para evitar migraciones indebidas y explotaciones de diverso tipo, lo cual atenta contra la seguridad de todos.

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