Teníamos razón los que sospechábamos desde el preludio de las elecciones del 7 de julio que el “Pacto por México” había perdido sus atributos de encuentro y compromiso al ser utilizado por el PAN-PRD como instrumento de coacción para obtener ventajas competitivas electorales. Lo sorprendente es que habiendo pasado las elecciones y cumplido con todas y cada una de las exigencias de la dupla aliancista, Gustavo Madero, con su iniciativa energética, le haya dado lo que puede ser la última estocada.

Al insistir el presidente del PAN en la práctica del madruguete legislativo, termina por echarle tierra a los acuerdos pactistas que se sustentaban en acordar conjuntamente las iniciativas legales dando preponderancia a las coincidencias interpartidistas antes de someterlas al pleno para su discusión y aprobación.

Al actuar en busca del protagonismo personal que el líder del PAN requiere para su reelección, Madero puede ocasionar un severo retroceso en las prácticas legislativas, para volver a los tiempos del “diálogo de sordos”, donde, incapaces de llegar a compromisos, cada partido presentaba su iniciativa y se negaba a discutir, mucho menos aprobar, las de los otros, originando el estancamiento legislativo característico de los sexenios anteriores.

Pero hacerlo por la libre en un tema tan importante como el energético, que pudiera requerir de amplio consenso para llevar a cabo modificaciones constitucionales, podría constituirse en un catalizador para que las cosas se mantengan tal como están.

Porque existe una pugna de carácter ideológico entre por los exponentes del liberalismo radical que apoyan las completa desreglamentación de la actividad energética, petrolera y eléctrica, y los adeptos al modelo estatista que sostienen la necesidad de que el Estado mexicano impida la participación privada.

Por ello, una propuesta tan radical como la panista, que pretende abrir todas las áreas de la producción del petróleo y la electricidad a la iniciativa privada, nacional y extranjera, sin mayor reglamentación, contra el consenso mayoritario de la población, puede tener un efecto tan adverso que cierre el camino para cualquier modificación.

Y así posponer para más allá de este sexenio las adecuaciones legales necesarias para aceptar, de manera estrictamente reglamentada y sin perder el control del Estado, la participación de la inversión privada en determinadas áreas donde por disponibilidad de recursos y/o de requerimientos tecnológicos se estime necesaria.

Abrir, como propone el PAN, de manera irresponsable la industria energética a la inversión privada no significa otra cosa que la entrega de la renta petrolera al capital transnacional, lo que en principio ocasionaría la quiebra de la finanzas nacionales. El extremismo en materia económica nunca ha dado buenos resultados.