El otrora ombudsman quintanarroense, Gaspar Armando García Torres, no se ha desempeñado con la transparencia que debiera como Procurador General de Justicia de Quintana Roo, ya que en ocasiones su actuación ha dejado el ingrato sabor de la duda y la desconfianza ciudadanas. 

A principios de marzo, el Procurador aseguró que el ex alcalde opositor de Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam, “estaba sitiado en un domicilio en Mérida” y que era “cuestión de horas lograr su detención”. Lo anterior obedecía a una denuncia penal que el empresario Mario González presentó a mediados del 2013 por un presunto fraude cometido en su perjuicio por la cantidad de nueve millones y medio de pesos, acusando al entonces alcalde de no haberle pagado parte de los trabajos de impermeabilización y mantenimiento de la azotea del palacio municipal de Felipe Carrillo Puerto. 

Pese a que la denuncia del empresario tenía más visos de ser un asunto civil derivado del incumplimiento de un contrato, la Procuraduría le dio entrada y consignó el expediente a un juzgado penal, el cual libró orden de aprehensión. A partir de ese momento el Procurador desplegó un operativo especial para ubicar al presunto delincuente, quien literalmente huyó como animal de monte ante el peligro de la detención.

El 10 de marzo del presente año, García Torres se quedó sin habla y sencillamente se guardó de los medios de comunicación. El Juzgado VI de Distrito le concedió el amparo definitivo al prófugo de la justicia al considerar que el ejercicio de la acción penal había prescrito, con lo que quedó sin efecto la orden de aprehensión. 

Luego, ahora en mayo, la Procuraduría de Justicia anunció que tras la detención de los autores materiales del homicidio del regidor petista Marco Antonio May Molina, serían citados a declarar el dirigente estatal del PT, Hernán Villatoro, y el ex diputado y consejero nacional del PAN, Mario Rivero Leal, aunque en Chetumal nadie encuentra la relación del crimen con éste último personaje y ponen en duda la imputación que según la PGJE realizaron los presuntos homicidas confesos. 

Luego, en Cancún, una ex candidata a diputada y su pareja sentimental, fueron capturados “al azar” como presuntos implicados en el delito de pornografía infantil cuando agentes de la Policía Judicial realizaban un operativo en la zona para atender reportes de autos robados. No hubo ninguna investigación previa ni mucho menos denuncia alguna, bastó a los agentes aplicar el consabido principio de “bajo sospecha” para detener el vehículo y revisarlo exhaustivamente hasta encontrar unas supuestas fotografías comprometedoras y que la pareja detenida alega les fueron “sembradas”. De no ser claro el desempeño del Procurador, podría aplicársele a éste ese mismo principio.