Los primeros indicios de que se cocinaba algo importante en el ámbito de los Derechos Humanos fue tomando rostro conforme se fugaban sutiles informes en el seno de la comisión.

Finalmente el viernes 26 de septiembre, el anticipado rumor se propaga viralmente en redes sociales, revistas del corazón y Temenotas:  el Ombudsman de Ciudad Nezahualcóyotl, profesor Sinvergüenzo Almanza,  anunció la puesta en marcha del  primer Centro de Atención a Burócratas Adictos a la Corrupción (Cabac).  

Gracias al ejemplo de los centros de integración juvenil que han integrado a su currícula terapias de apoyo cognitivo conductual a ciudadanos ludópatas, de esta novedosa manera los empleados oficiales, desde el cuida coches hasta el presidente de la república (de ser el caso), contarán con la atención especializada para evitar y combatir esa terrible adicción que junto con otras muchas y terribles calamidades afecta –dice− al noventa por ciento de la población adulta, dejando a salvo únicamente  a personas con necesidades diferentes.

Sinvergüenzo aclara que se hizo necesario establecer a cabalidad la diferencia entre “funcionario afecto o adicto”: −Ser afecto a la corrupción obedece al sano y entendible deseo de disfrutar un mejor auto, una casa más cómoda, escuelas de excelencia, ropa y aditamentos de marca y viajes al extranjero para los familiares cuando el horario de chamba es de doce o más horas diarias y el sueldo es insuficiente.

La adicción en cambio es la insana manía de poseer varias mansiones, presas acuíferas, Ferraris, ranchos, servidumbre, guaruras, etc.

Todo eso en un universo imposible de mantener funcional a menos que el chorro monetario fluya libremente y sin ningún obstáculo −concluye el profesor Almanza.

Dado el delicado modus operandi de la transa, Cabac propone que las sesiones se desarrollen donde las audaces revelaciones no lleguen a aventureros que deseen replicar las hazañas de estos valerosos servidores cuyo único pecado es estar sujetos a la aspiración de fortalecer su fortuna a costa de los demás.

La Ley de Responsabilidades a los Funcionarios Públicos deberá garantizar la integridad laboral, procurar protección y consuelo para evitar que los derechos inalienables de los enfermos en tratamiento, manifestados en la Carta Magna, se vean lastimados.
¡Vaya biem!