22 de Octubre de 2018

Opinión

Cámara recortada

Si bien el Congreso en efecto aprueba cada año el presupuesto, en la práctica su ejercicio no es obligatorio.

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La Cámara de Diputados tiene como una de sus principales funciones la de regular el gasto público federal. Esta amplia facultad incluye tanto establecer el presupuesto de egresos como prever legalmente los ingresos y vigilar, a través de la Auditoría Superior de la Federación, el ejercicio del gasto. Estas facultades son totalmente consistentes con un sistema de división de poderes y con la naturaleza histórica de los congresos, una de cuyas principales tareas fue controlar el gasto de los monarcas en los primeros regímenes constitucionales.

En las democracias consolidadas, los congresos efectivamente son las instituciones del poder público que deciden en qué y cuándo se utilizarán los dineros públicos. En México, sin embargo, esto no es así. Si bien el Congreso en efecto aprueba cada año el presupuesto, en la práctica su ejercicio no es obligatorio para el Gobierno Federal que, gracias a diversas disposiciones secundarias, tiene la capacidad para ejercer más o menos recursos en todo tipo de áreas, sobrepasar las previsiones aprobadas por la Cámara de Diputados, o ejercer menos de lo dispuesto, con lo cual distintas obras y acciones dejan de realizarse. 

En los sistemas en los que la división constitucional de poderes es efectiva, semejante discrecionalidad del Poder Ejecutivo es impensable. Esta debilidad institucional del país se hizo patente con el recorte presupuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda hace algunas semanas.

Pese a su tamaño -124 mil millones de pesos- dicho recorte fue decidido, tanto en su monto como en los renglones en que se aplicará, por el Poder Ejecutivo en solitario, sin ningún tipo de participación posible para la Cámara de Diputados. Así, los intensos debates legislativos  de cada fin de año por el destino del erario se demuestran ociosos, pues, en la práctica, el presupuesto aprobado por el Congreso no es más que una sugerencia para el Ejecutivo. Se cancela así una de las facultades más importantes de la representación popular.

Por cierto, es de notar que el recorte equivale, en números redondos, a diez veces el presupuesto total del Congreso de la Unión, incluyendo la Cámara de Senadores, la de Diputados y la ASF. Es falaz pretender que reduciendo el número de legisladores las finanzas públicas se vean beneficiadas.

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