13 de Diciembre de 2018

Opinión

Cambios en Telecomunicaciones

La reforma también debe aprobarse por la mayoría de los Congresos locales antes de que la firme el Ejecutivo y se publique.

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Luego de un par de semanas en las que desfilaron diversos sectores y especialistas en materia de telecomunicaciones, finalmente el Senado de la República aprobó sus cambios a la minuta de reforma en la que amplía la injerencia del Poder Legislativo sobre los nuevos órganos reguladores propuestos (Ifetel)  y abre una ventana para acotar las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), entre otras modificaciones.

El dictamen se turnó a la Cámara Baja para su aprobación final, pero la reforma también debe aprobarse por la mayoría de los Congresos locales antes de que la firme el Ejecutivo y se publique en el Diario Oficial de la Federación. 

Entre los cambios destacan:

• El Estado garantizará el derecho a la información (no dicen cómo).

• El “acceso libre” (pero no gratuito) a los servicios de telecomunicaciones.

• El organismo que controlará los medios públicos será descentralizado (en la iniciativa original no quedaba claro su origen).

• La ley secundaria establecerá los “derechos de las audiencias” y de los usuarios de telecomunicaciones.

• Existirán concesiones comunitarias e indígenas, sin fines de lucro, pero que se podrán financiar con patrocinios.

• Las sesiones y resoluciones de los reguladores serán públicas, sujetas a las “excepciones” que se establezcan en la ley secundaria. 

• Resoluciones de la CFCE en casos de multas y partición de empresas sólo se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo.

• El Senado podrá remover a los comisionados por causas graves.

• El Senado nombrará a los comisionados presidentes por periodos de 4 años, renovables una vez.

• La Cámara de Diputados nombrará a los titulares de las contralorías que tendrán los órganos reguladores.

• Ley secundaria regulará las interacciones entre los comisionados y las empresas.

• Se podrán interponer controversias constitucionales contra los órganos reguladores.

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