20 de Julio de 2018

Opinión

Campañas incendiarias

Coincidiendo con la temporada de incendios forestales con el arranque del proceso electoral intermedio 2013, los partidarios del sector opositor llaman la atención de los medios...

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Coincidiendo con la temporada de incendios forestales con el arranque del proceso electoral intermedio 2013, los partidarios del sector opositor llaman la atención de los medios por hacer campañas incendiarias pensando que así se tiene una oferta creíble y que será beneficiosa, aún ante su pésima opción, y actuación.

Especialmente, previo y durante el proceso electoral, se recrudecen los ataques y enfrentamientos entre quienes piensan distinto. Esta semana que culminó, los actores bajo los colores del perredismo, y algunos fieros ujieres y paniaguados, han protagonizado uno de los episodios más repudiados de los últimos tiempos en el estado, cerraron la principal avenida turística de Cancún, el Paseo Kukulcán, enmarcado en acusaciones e insultos que evidencian una vez más la profunda división que existe en la entidad debido a la compleja situación en el camino electoral.

Cada persona tiene la potestad de actuar como su conciencia lo indique, en todo caso, esa es la libertad, la más implacable al momento de castigar o aprobar una decisión.

Pero quienes respaldan los retenes opositores no están en todo su derecho de hacer-lo. Porque también la ley tiene autoridad para sancionarles.

Desde antes del inicio del proceso han optado por descalificaciones y acciones facciosas para provocar el derrumbe del oficialismo, pero el desencanto por su mal comportamiento inducirá a un factor negativo que favorecerá a la maquinaria tricolor.

Entre los dirigentes de los partidos en el urdido opositor, PAN-PRD, ante la aparición de su único agente aglutinador, Julián Ricalde Magaña, y de la derrota electoral presidencial pasada.

Además, es de prever que el estilo de peleadores callejeros inducirá la erosión de sus seguidores y simpatizantes ante esa falsa utopía llamada revolución democrática con acción nacional, en mezcolanza opositora.

Y es que para ello, tomando las calles en detrimento de la economía poblacional, creen que se hace creíble su intención de promoverse sobre el tapete electoral y que de ese jaez asaz se acepten sus propuestas el 7 de julio.

Esa conquista se reduce estatizando, cooptando el camino laboral a los empleados y trabajadores con irresponsabilidad social, con esas misiones antagónicas que detienen la prosperidad, progreso y el desarrollo por la captación de turismo que prefiere vacacionar en el estado. 

Ello implica que se debería seguir viviendo con este tipo de acciones retrógradas durante el periodo de campaña dentro de un esquema de ganar-ganar, no importa el cómo. Sino con el aumento de la producción de descalificaciones y acciones facciosas que se utilizan como eje fundamental para su reactivación opositora.

Es imprescindible enviar señales claras al electorado, hoy más reflexivo y exigente, de que no habrá cabida al respecto de acciones malintencionadas de la llamada revolución junto con acción, que se opusieron en la fiscalía electoral federal a que se designen ciudadanos independientes y, por el contrario, los magistrados del Trife votaron para garantizar que así tendrán el situado constitucional que les corresponde a los candidatos libres de partidos.

La tesis de que es preferible que gane el partido tricolor, porque ahora mantiene ondeando la oriflama presidencial y la mayoría de gubernaturas y por ser el artífice del Pacto Por México que suscribieron los líderes de los tres partidos más fuertes del país, PRI, PRD y PAN.

En el capítulo electoral que se avecina en el Estado, aumentan las probabilidades de que haya un cambio de estafeta y color en los ayuntamientos de Benito Juárez, FCP, JMM, LC e Isla Mujeres, los cinco que se conquistaron con el color auriazul en el pasado proceso local.

Donde han decepcionado a sus seguidores y, ante el totalitarismo actual de los líderes en simbiosis, Eduardo Martínez Arcila (PAN) y Julio César Lara Martínez (PRD) es cuan peligrosa para las regiones electorales del Estado.

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