25 de Septiembre de 2018

Opinión

Caras vemos… pachecos no sabemos

Desde la famosa redada de los “41” que eran 42, la intolerancia, abuso de poder y la ignorancia siguen haciendo de las suyas.

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“Que se atenga el infractor a las consecuencias”, parece ser la conclusión para todos los organizadores de fiestas públicas que no cuenten con la autorización respectiva de las autoridades competentes. 

Especialmente en aquellos donde aparte de cobrar la entrada sin ofrecer a cambio un comprobante fiscal deducible, con sello del municipio, se violen -como si no fuera bastante- otros reglamentos y disposiciones, expendan en el interior del local bebidas alcohólicas y estupefacientes. 

Lo anterior quedó demostrado a satisfacción por la inmediata intervención de la policía de Mérida en fechas recientes, donde atendiendo quejas de la ciudadanía se apersonó a averiguar dos bailadas clandestinas en zonas céntricas de la ciudad. 

En una labor que causa asombro por su prolijo hacer y eficiencia los representantes de la ley no solo arrestaron al promotor, cantinero, cuida puertas, boletero, afanador de baños y encargado de la música. También detuvieron a  narcomenudistas -uno de mariguana y otro de tachas y cocol-que fueron sorprendidos con estas sustancias en su poder. 

Sin más, los elementos supusieron que más de un participante en el bailazo -para sentirse mejor, se entiende- adquirieron el “material didáctico” que estos dos fulanos ponían a su disposición, dando como resultado la aprehensión y examen antidoping de todos los que se encontraban en el lugar de los hechos, a excepción de dos perros malixes.

Desconoce la población bajo qué criterio actuaron los responsables del orden público para someter y hacer los referidos análisis toxicológicos, ya que no se menciona en el reporte policiaco haber sorprendido a ninguno consumiendo o comprando “in fraganti”. 

Tampoco han soportado a cabalidad  la evidencia -en los sospechosos positivos- de que el alcohol y las drogas encontrados fueran de los ofrecidos en el sitio o fueron absorbidas con anterioridad, ni mucho menos explicado a satisfacción qué artículo de la ley les permite arrestar y analizar a ciudadanos por la mera sospecha de consumo. 

Desde la famosa redada de los “41” que eran 42, la intolerancia, abuso de poder y la ignorancia siguen haciendo de las suyas. Esperemos que los responsables de la Policía de Mérida aclaren los fundamentos de su actuar, no coadyuven a crear pánico y sí a defender los derechos humanos tan sobajados. ¡Vaya biem!

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