La semana pasada, el Colegio de Antropólogos se reunió con regidores de Mérida y con dirigentes de algunas organizaciones empresariales para analizar el propuesto cambio de derrotero del carnaval. De acuerdo con el PAN, el ayuntamiento está prestando atención a los reclamos de los representantes de la sociedad civil, identificados precisamente con las asociaciones ahí presentes y algunas más.

Pero ¿quiénes son los representantes de la sociedad civil?

El Colegio de Antropólogos no, pues sólo representa a un sector de ésta: los antropólogos colegiados. Nunca ha pretendido otra cosa. Los dirigentes empresariales tampoco, pues son representantes, adivinó Ud., de los empresarios asociados, otro segmento de la sociedad civil. Alguien más hablaba de “la sociedad civil organizada”.

Esto es menos pretencioso, aunque hay que recordar que la gran mayoría de los mexicanos no están organizados.

En el régimen constitucional mexicano, los únicos que se pueden reclamar como representantes de la sociedad civil como tal son aquellos que fueron expresamente designados para ejercer esa función por la mayor parte de los integrantes de dicha sociedad civil, es decir, de los ciudadanos.

Esto en México se hace a través de elecciones universales en donde resultan nombrados como representantes los regidores y los legisladores. Nadie que no haya sido electo con ese carácter puede decirse representante de la sociedad civil, bien que cualquier organización tiene el legítimo derecho de intentar representar a un sector de la misma.

Está muy bien consultar con organizaciones que representan intereses particulares, pero es obligación exclusiva de los electos representar a todos: a los empresarios, a la “sociedad civil organizada” y a la desorganizada, y hasta a los antropólogos. La opinión de los empresarios que ven en el cambio de derrotero la oportunidad de ampliar sus negocios es sólo una opinión y no representa ni con mucho a los cientos de miles de usuarios del carnaval.

Es a este amplísimo sector a quien los auténticos representantes electos de la sociedad civil deben escuchar privilegiadamente antes de que se tome una decisión.