Es más común encontrarnos aperturas de casas de empeño en cada esquina y colonia de esta ciudad, que alguna farmacia, papelería, e inclusive rebasando actualmente a los minisúper; esta nueva modalidad de negocio se ha incrementado desde hace un par de años, sin que exista una verdadera vigilancia en su apertura y operatividad de dichos establecimientos. 

En la legislatura pasada se presentó una iniciativa de ley para regulación de las casas de empeño, pero de manera superficial lo único que buscó es que este tipo de negocios paguen impuestos de manera anual, como si se tratara de una patente de venta de vinos y licores.

Y es que las casas de empeño reciben utilidades anuales por alrededor de 12 mil millones de pesos a nivel nacional, superiores al 100 por ciento de sus inversiones, en un proceso que despoja de su patrimonio a millones de familias de los estratos de menores ingresos. 

La ley solamente regula la apertura y revalidación de las casas de empeño a través de la secretaría de hacienda quienes son los encargados de revisar los permisos correspondientes además de que deberán de publicar durante el mes de febrero de cada año una lista actualizada de los negocios dedicados a esta actividad comercial.

Actualmente esta tan fácil abrir una casa de empeño, sólo se necesita nombre o razón social del solicitante con domicilio en el estado, domicilio del establecimiento, RFC, CURP y un contrato de adhesión ante la Profeco. 

Tan solo en las colonias populares de Chetumal, ubicadas sobre todo en la parte norte, se pueden detectar fácilmente el crecimiento acelerado que han tenido este tipo de negocios, sobre todo en avenidas como la Maxuxac, Erick Paolo Martínez; más al centro, en calles como la Bugambilias, Madero, y ni se diga la avenida de los Héroes y Álvaro Obregón.

La falta de reglas claras ha propiciado un crecimiento desordenado de estas casas de empeño, que actualmente se encuentra regulado insuficientemente por la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Norma Oficial Mexicana de Servicios, de mutuo con interés y garantía prendaria. 

Hay que mencionar que dichas casas de empeño sirven en muchas ocasiones para ser lavaderos de dinero del crimen organizado, pero también una situación preocupante; no existe una vigilancia plena de este tipo de giros, es decir al propietario le vale si el artículo es robado o no, él puede comprar una tele en 500 pesos y venderla en mil, la factura es lo de menos, ya que hasta para eso son “mañosos”. Es por ello que es necesario que se vuelva a legislar en la materia y obligar de cierto modo a instancias como la Procuraduría de Justicia del Estado a realizar verificaciones periódicas y aleatorias de estos negocios para detectar posibles artículos robados.

Excelente propuesta

La joven servidora pública Erika Camacho tuvo a bien “armar” una serie de cursos dentro del Poder Judicial del estado dirigido a comunicadores. El tema por demás resulta interesante, ya que se trata de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, mejor conocido como los juicios orales. 

Pues resulta que con el apoyo del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva Rivero, llegarán a Chetumal importantes exponentes en la materia de oralidad para impartir en tres días cursos de capacitación a periodistas, acreditándolos mediante constancias que servirán para que tengan acceso total a las salas orales donde se vayan a realizar los casos. 

El objetivo de los cursos es que los representantes de los medios de comunicación conozcan hasta dónde pueden llegar en el cuestionamiento de un presunto culpable, es decir ahora la ley en la materia garantizará la protección total de los derechos del procesado, así como hasta dónde puede llegar el ámbito de la autoridad para brindar información a los reporteros.