Para no creerse: el Instituto Federal de Acceso a la Información instó a la  PGR a entregar una versión… ¡de las sentencias! que se hayan emitido, en los fueros común y federal, sobre el asesinato (mayo de 1993) del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

El dislate comenzó cuando la persona interesada solicitó eso a una dependencia del Poder Ejecutivo y no, como es obvio, al Poder Judicial.

La PGR contestó que la única información de carácter público sobre ese caso está disponible en su página electrónica oficial.

En la biblioteca de la misma PGR, dicho sea de paso, están los 58 tomos conclusivos de la comisión interdisciplinaria que, en los últimos años del zedillato, integró el entonces procurador general, Jorge Madrazo, y en la que participaron las procuradurías federal y de Jalisco; los ministros y juristas; Luis Reynoso, obispo de Cuernavaca, y

José Fernández Arteaga, arzobispo de Chi-huahua, así como los abogados del viperino sucesor de Posadas en el arzobispado de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, inventor de la patraña demencial de que se trató de un “crimen de Estado”.