La Secretaría de Relaciones Exteriores nos informa que está en pláticas con el gobierno de Estados Unidos sobre la posible extradición del Chapo Guzmán, pero que aún no se ha recibido ninguna solicitud formal al respecto.

El tema ha ocasionado y ocasiona fuertes controversias. En un extremo del debate se argumenta que la corrupción gubernamental hace imposible la adecuada penalización de los delincuentes, por lo que es pertinente enviar a los más poderosos a Estados Unidos. En el otro, se afirma que las extradiciones son una renuncia a la soberanía nacional, y que lo que se hace en México sólo aquí debe juzgarse. El debate así simplificado presenta sin embargo algunas complejidades que deben ser consideradas.

Es de reconocerse que, en efecto, la corrupción generalizada se ha vuelto un enorme impedimento para la aplicación de la ley, al grado que el propio Guzmán Loera protagonizó la fuga de cárceles mexicanas más importante en décadas. Pero más allá de la nota roja, es un hecho reconocido que el Poder Judicial sólo logra condenar a una fracción menor de los delincuentes que procesa, y que la impunidad es la regla general del sistema. Las extradiciones, por el contrario, han demostrado que sí logran el fin inmediato de sancionar.

Sin embargo, cada una de ellas tiene un costo en seguridad para nuestro país. Más allá de la defensa abstracta de la soberanía nacional -que me parece muy bien- los delincuentes capturados son un valioso recurso de información al que México renuncia cuando los extradita. El conocimiento de las estructuras organizativas de los grupos involucrados, de sus estrategias financieras, sus alianzas y su infiltración en el aparato oficial es un instrumento crítico para la seguridad pública y hasta nacional.

Al extraditar, esta información se hace accesible sólo para un gobierno extranjero, que la utilizará, como debe ser, en estricta función de sus propios intereses nacionales, al margen de lo que convenga al país de origen del criminal. Las negociaciones legales de sus condenas a cambio de información, por ejemplo, se pueden hacer sin siquiera enterar a nuestro país.

Y es que los intereses de los Estados Unidos no son los de México. Pero no me lo crea a mí. Recuerde el operativo Rápido y furioso, o simplemente pregúntele al funcionario norteamericano que mejor le caiga.