Tras el escandaloso fraude de Chihuahua en 1986, algún personaje político, de cuyo nombre no quiero acordarme, denominó al hecho “fraude patriótico”: por encima de las formalidades de la ley y la democracia, el estado había sido salvado de sus enemigos, la ultra-derecha encarnada en el PAN.

Cuando Renán Barrera argumenta que eludir una licitación nacional para adquirir lámparas por más de 200 millones de pesos es una medida para proteger a Mérida de un posible boicot ocasionado por quienes pudieran impugnar el proceso, se coloca peligrosamente en la misma línea argumental de los priístas de aquel año.

Sea una medida legal o no -ya lo dirán los tribunales en el litigio que se suscitará, ahora sí ineludiblemente- la compra directa de las luminarias deja sin derecho a venderlas a algún número de proveedores locales que no serán invitados y a todos los nacionales, que serán directamente excluidos de las adquisiciones.

Aún los invitados a participar competirán en condiciones mucho menos rigurosas que las de una licitación nacional.

Simultáneamente, se dejará a los oferentes sin derecho a disputar legalmente la decisión de la autoridad, pues ese es justamente el objetivo que se esgrime para evitar el sabotaje.

El municipio tomará su decisión a través de un consejo de notables designado discrecionalmente por el propio ayuntamiento y que no está sujeto a medidas de control administrativo, legal o jurisdiccional más allá del mismo Cabildo, que así será juez de sus propios actos.

Si en Chihuahua se pretendía que la salvación del estado pasaba por la privación del derecho de ser electos de los candidatos opositores y, sobre todo, del de los ciudadanos de elegir libremente entre quienes contendían legalmente, en Mérida se pretende que la salvación del municipio depende de privar a los proveedores del derecho a competir por las compras de gobierno y, sobre todo, de privar a los emeritenses del derecho de que las adquisiciones oficiales se hagan con la certidumbre que sólo pueden dar las licitaciones.
Es muy preocupante cuando una autoridad encuentra en los procesos socialmente convenidos como idóneos para elegir gobernantes o proveedores -procesos por tanto plasmados en leyes- obstáculos inaceptables para su desempeño y que por tanto deben ser evitados aun a costa de los derechos de los ciudadanos.

No se valió en 1986.

No se vale en 2013.