En mi colonia, como en la mayoría de la ciudad, siempre hay vigilancia policíaca y periódicamente se organizan reuniones con vecinos para acordar medidas de seguridad. Así, se ha formado una especie de policía de barrio y, en redes sociales, se intercambia información para evitar ser víctimas de la delincuencia. Parece que ha funcionado.

Aunque de cuando en cuando un crimen impacta y de él se sigue hablando por meses o años, Mérida es un oasis de seguridad en medio de tanta violencia en el país, donde –dicen quienes llevan la contabilidad de los delitos– en este sexenio se han rebasado las cifras del anterior, aunque el gobierno maquille esos números rojos. Sólo los suicidios ponen a Yucatán en primeros lugares de la lista, lo cual no debe soslayarse porque, si se habla de un estado pujante, con menos desempleo y con futuro promisorio, entonces algo está pasando.

También algo está pasando cuando nos enteramos de cierto individuo que ha sido detenido casi un centenar de ocasiones y sigue haciendo de las suyas. Según la Policía de Mérida, las numerosas ocasiones en que ha sido detenido “Rudy”, cumple su castigo cuando es por faltas al reglamento municipal, pero, cuando amerita ser consignado al incurrir en un delito, los afectados desisten de interponer la denuncia, lo que le abre las rejas.

El cuestionamiento, que implica a las autoridades judiciales, se replica en otros estados donde no sólo los delincuentes de bajo perfil son liberados con cierta facilidad, sino en algunos casos, se hace con el argumento de que no se siguió el debido proceso y, en contraparte, hay muchos en prisión cuyos delitos no lo ameritan.

Y ese también es uno de los aspectos cuestionables del llamado nuevo sistema penal en México, que apunta a despresurizar las cárceles, a través de la mediación y/o la reparación del daño. Hace falta, dicen los conocedores del Derecho, más criterio de los juzgadores, pero habrá que darles tiempo para asimilar un sistema en el que otros países nos llevan años de distancia.

Otro Almirante víctima de la delincuencia

Esta semana fue asesinado, en un extraño hecho de tránsito en la carretera Córdoba-San Rafael Calería, en Veracruz, el contralmirante CG.DEM. Jorge Jiménez Illescas, junto con su escolta. Compañeros retirados nos comparten que Jiménez Illescas, de 60 años de edad, era concuño del secretario de Marina y disfrutaba de un año sabático previo a su pase a situación de retiro. 

Este homicidio se suma a los del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, en julio de 2013, y del contralmirante José Luis Corro Chávez, en marzo de 2015, ambos ocurridos en Michoacán. En el primer caso, además del vicealmirante murió el segundo maestre Ricardo Hernández, mientras que la esposa del mando naval y otro marino, el tercer maestre Ernulfo Marcial Colón, resultaron gravemente heridos.

En el segundo caso, el contralmirante Chávez Corro, quien era capitán de puerto de Lázaro Cárdenas, llegaba a su casa a bordo de su camioneta cuando presuntamente dos sujetos armados lo amagaron e intentaron despojarlo de su vehículo, al resistirse, fue baleado y cayó muerto.