En el derecho electoral mexicano, el elector pierde todo derecho sobre su voto al instante de depositarlo en la urna. Esto significa que las leyes no le permiten hacer ningún tipo de reclamo sobre lo que ocurre con su sufragio.

No existe ningún mecanismo legal a través del cual pueda reclamar si este voto es mal contabilizado, burlado o defraudado. Reclamar irregularidades durante la elección es privilegio exclusivo de los partidos políticos. Ud. no tiene ni el menor derecho a objetar absolutamente nada. Lo que pase con los resultados electorales no es asunto suyo. Vote, váyase a su casa y deje que los adultos y los partidos políticos, resuelvan los asuntos de adultos.

De esta forma, si su voto es burlado, pero el partido político por el que votó llega a una negociación satisfactoria con el defraudador, de forma tal que no hace ningún reclamo jurídico el asunto no es asunto suyo.
Otro tanto ocurre con el proceso de organización de los comicios y muy especialmente con las leyes electorales.

Así, si los partidos se ponen de acuerdo para aprobar una ley electoral anticonstitucional, ningún ciudadano raso puede reclamar que esa ley sea invalidada. 

Por supuesto, la reforma política que hoy se negocia en el Congreso no se plantea, ni por asomo, modificar esta situación. Ningún partido político con registro, ni el que pronto lo tendrá, Morena, tiene el menor interés de que en algo tan importante como las elecciones haya que andar apegándose a la ley sólo porque algún individuo lo exige en un tribunal.

Esto, evidentemente, no es parte de la dinámica democrática ni existe en países con democracias maduras. No sólo en Europa, sino en Latinoamérica y hasta en el arcaico sistema electoral de los Estados Unidos, los ciudadanos cuentan con mecanismos que los protegen de los actos ilegales e inconstitucionales en los procesos electorales.

No basta que 25, 35 ó 75 diputados locales se pongan de acuerdo para que se puedan establecer leyes electorales violando la constitución. Los ciudadanos pueden defenderse de esto y echar por tierra normas semejantes.

Un sistema de partidos democrático -y entendámonos: no existe democracia sin partidos- tiene como condición básica que el imperio de la constitución pueda ser exigido por cualquiera. Aunque los jueces tengan que trabajar.