Ante los embates de la delincuencia organizada y la incapacidad de las fuerzas del orden por frenarla, ciudadanos de comunidades de Guerrero y Sinaloa han decidido tomar las armas y defenderse ellos mismos.

Como en el cuento “La muerte tiene permiso” de Edmundo Valadés, en Tecoanapa, Guerrero, se convocó a una asamblea para oficializar lo que habían decidido, empuñar las armas para “hacerle frente al terror que han sembrado los cárteles de las drogas, sus sicarios y sus halcones”. Y comenzaron a vigilar a su comunidad y a su gente.

Después de varios días, el Congreso guerrerense ha reconocido que las acciones de la llamada “policía comunitaria” son más efectivas que las que realizan policías y militares con el Operativo Guerrero Seguro.

Y el ejemplo cunde porque en  la sierra del municipio de Concordia, Sinaloa, asolada por el crimen organizado y donde pequeñas comunidades han sufrido matanzas, el alcalde propone crear brigadas armadas al estilo de los cuerpos de defensa rural.

Los Cuerpos de Defensas Rurales están constituidos por ejidatarios equipados y adiestrados para auxiliar al Ejército en labores como persecución, captura y consignación de abigeos, narcotraficantes, talamontes, etc. No reciben salario, por ser servicio civil voluntario, pero cuentan con las prerrogativas, obligaciones y derechos de los militares en activo.

No parece descabellada esa idea, porque se pretende armar e instruir a los campesinos, y para ello se invoca la Ley Orgánica del Ejército. Lo lamentable es que sean los ciudadanos quienes  tengan que levantarse en armas para defenderse.

Comunidades de la Costa Chica de Guerrero han dicho que sólo confían en el Ejército y la Armada, lo que confirma la necesidad de que los militares continúen participando en estas labores hasta que no se cree una policía confiable y eficaz, algo que, por lo visto, todavía está muy lejano.