11 de Diciembre de 2017

Opinión

Clan mafioso en la Procuraduría

Una compleja red de corrupción opera desde las entrañas de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, comandada por el Director de Averiguaciones Previas, Ángel Francisco Torres Fritz.

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Una compleja red de corrupción opera desde las entrañas de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, comandada por el Director de Averiguaciones Previas, Ángel Francisco Torres Fritz.
 
La red de delincuentes de cuello blanco manipula expedientes, y fabrica pruebas para  favorecer a despachos jurídicos de amigos, compadres y familiares de presuntos involucrados. La mafiosa sociedad la integran ministerios públicos que colaboran con Torres Fritz.
 
El modus operandi de los presuntos delincuentes incrustados en las altas esferas de la PGJE se generaba en un despacho jurídico desde donde captaban a sus clientes.El terreno y el inmueble son propiedad del padre de otro alto funcionario de la Procuraduría, quien se desempeña como secretario particular del director de Averiguaciones Previas: Alejandro Ucán Irola.
 
La captación de clientes con problemas con la ley desde el despacho particular del Director de Averiguaciones Previas fue un negocio redondo, pues siendo juez y parte estaría aplicando la ley a modo y conveniencia, acorde al bolsillo de sus innumerables clientes. Hasta el momento se desconoce el número de personas que tuvieron problemas, pero que gracias a estos “servidores públicos” fueron beneficiados desde el despacho del presunto delincuente.
 
Rafael Rodríguez Ruiz y Oswaldo Arturo Reyes Franco son dos de los abogados que aparecen como presuntos inculpados y socios del director de Averiguaciones Previas, señalados por lo menos en una averiguación torcida. Se ha comprobado que estos abogados litigan en un despacho de la avenida Álvaro Obregón de Chetumal.
 
Curiosamente, cada uno de los casos captados en el despacho jurídico localizado en la avenida Carranza 241 fueron atendidos por agentes del Ministerio Público de toda la confianza de Torres Fritz, como es el caso de Reyna del Carmen Cuéllar, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas; María Martín del Campo, agente del Ministerio Público, y Angélica María González Lemus, quien funge como secretaria.
 
La compleja red de corrupción trianguló expedientes para favorecer a altos funcionarios, como la novena regidora, Elvia María Contreras Casteleyro, concejal del Ayuntamiento capitalino implicada en varias averiguaciones por fraude y despojo. Ella es una “querida amiga” del director de Averiguaciones Previas, quien, según un estudio caligráfico realizado por un reconocido criminalista en esta materia, comprobó que Contreras Casteleyro redactó, con su puño y letra, documentos oficiales que luego fueron firmados por Torres Fritz.
 
Y con elementos contundentes para emitir una sentencia condenatoria en contra de los presuntos responsables, los involucrados continúan en funciones en la dependencia que debe procurar justicia.

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