Triste es reconocer que la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes existen en los estratos de nuestra sociedad, hasta permear, en ocasiones, a las instituciones que han de velar por la correcta aplicación y observancia de las leyes que tutelan las prerrogativas de los seres humanos.

También es de justicia comprender los positivos esfuerzos que se realizan para evitar esas tristes prácticas que atentan contra los Derechos Humanos, así como la buena disposición de las autoridades, para que actos negativos como los mencionados no se den en el seno de una sociedad que conoce y respeta las leyes y reglamentos que rigen nuestra convivencia en todos los campos.

Esto lo comento a propósito del compromiso que la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán establecieron el pasado 27 de mayo contra la tortura o penas crueles y otros tratos inhumanos o degradantes, para darle certeza a la sociedad a través de acciones concretas para erradicar estas prácticas en la procuración de justicia.

Este compromiso es el primero de su tipo en todo el país y aunque hay quejas de ciudadanos que señalan estos hechos, mismas que la CODHEY tiene en proceso de investigación, en lo que va de la presente administración no se han emitido recomendaciones por la indebida práctica de la tortura.

No debemos olvidar que Yucatán cuenta con la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de Yucatán, la que tiene ya una antigüedad de 10 años, y en la que se establecen las sanciones que se aplicarán a los servidores públicos que incurrieran en ese delito, mismo que en el Capítulo II de dicha Ley el Artículo 4 define así: Comete el delito de tortura el servidor público que actuando con ese carácter o aduciendo su cargo, por sí o a través de un tercero, inflija intencionalmente a un inculpado, procesado, sentenciado o a cualquier persona lesiones con fines de investigación o procedimiento legal de hechos delictivos o infracciones, para obtener información o confesión del torturado o de un tercero, como medio intimidatorio, como castigo de una acción u omisión en que haya incurrido o se sospeche que incurrió, o las coaccione para que realicen o dejen de realizar una conducta determinada. 

En ese mismo capítulo se indica que “el delito de tortura se considerará como delito grave en términos del Artículo 13 del Código Penal del Estado de Yucatán, pues afecta de manera importante valores fundamentales de la sociedad”.

La Ley que comento, en su Capítulo III, en los Artículos del 13 al 23 establece los lineamientos correspondientes para la prevención de la tortura y la tarea que el Artículo 15 señala a las autoridades que “deberán implementar mecanismos de coordinación con los organismos nacional y estatal encargados de velar por el respeto a los derechos humanos para efectos de concertar acciones conjuntas en materia de prevención y combate de la tortura”.

La Fiscal de Yucatán, Celia Rivas Rodríguez, con vocación de servicio hacia la sociedad ha implementado diversas acciones, las que he comentado en su oportunidad, para que el respeto a los Derechos Humanos sea la característica de su administración, y en la fecha mencionada se clausuró el curso de alta especialización Derechos Humanos y la Investigación Científica de la Tortura, en coordinación con el Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), la Fiscalía General de Justicia del Estado y la CODHEY. El curso inició el pasado 25 de abril.

Un positivo avance es la voluntad de la funcionaria para erradicar en la Fiscalía los hechos de tortura,  a través de la capacitación, así como este compromiso que consistirá en trabajar con los funcionarios para difundir, prevenir así como sancionar estas conductas que lesionan gravemente los Derechos Humanos, en estricto cumplimiento de la Ley. 

La erradicación de la tortura es el punto toral de los Derechos Humanos, hoy la función pública se vuelve más compleja, cambiante y esos cambios tienen en su esencia el compromiso en el pleno respeto a las y los ciudadanos.