El sábado, en el poblado de Acatempa del municipio de Tixtla (el del abrazo de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero tiene al final una n y pertenece al de Teloloapan), tomaron protesta 106 nuevos efectivos de la Policía Comunitaria.

Operaban desde hace dos meses en esa localidad, lo mismo que en El Troncón, Tecolcintla y Zacatzonapan (también de Tixtla), y en su ceremonia oficial de presentación marcharon con ellos compañeros (policías voluntarios también) de Ayutla de los Libres, Temalacatzingo, Olinalá y Cualac.

Estos agrupamientos forman parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, cuyo representante, Eliseo Villar Castillo, afirmó que el proyecto de seguridad y justicia comunitario se encuentra en un proceso de fortalecimiento en el estado de Guerrero, particularmente en la Costa Chica, Montaña y Región Centro.

Ningún ánimo hay de confrontación con las autoridades legalmente establecidas, dijo, pero defendió el surgimiento de más corporaciones como éstas, a causa del hartazgo social por la forma en que se dejó crecer, en los años recientes, al crimen organizado.

A diferencia de los repentinos y sospechosistas grupos de autodefensa que han brotado en localidades de varios estados (Guerrero incluido), policías como las que integra la CRAC empezaron a surgir hace 17 años y gozan del reconocimiento de las deficientes y corruptas autoridades estatales constitucionales. 

Si bien es cierto que algo más de medio centenar de estos nuevos policías cometieron la imprudencia de marchar en Chilpancingo con sus armas (ninguna de uso exclusivo militar) junto con los profesores que se oponen a la nueva ley federal de educación, también dijeron que fue por la detención de uno de sus jefes que portaba una prohibida (salió al día siguiente bajo fianza).

Y en nombre de la CRAC, Villar Castillo reprobó la que, aceptó, pareció ser una provocación, y atribuyó el incidente a que los nuevos policías quizá desconozcan “el reglamento interno que nos rige” y no tomaron en cuenta a los coordinadores de las cuatro Casas de Justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Citlaltepec y Ayutla de los Libres.

Nada que ver, pues, con lo que tanta preocupación viene causando: el florecimiento de autodefensas que, como sucedió hace un mes en Buenavista, Michoacán, motivaron al Ejército a la detención de 51 de ellos por uso de armas prohibidas y, probablemente, formar parte de un grupo delincuencial; ni con los nacidos en las comunidades indígenas de Chareto, Cheratillo, 18 de Marzo y Orúscato, en el municipio de Los Reyes de la misma entidad.

Por eso es relevante que el presidente y el secretario de la Comisión de Seguridad Pública del Senado (el priista Omar Fayad y el panista Fernando Yunes), junto con otros, quieran reunirse con el comisionado federal, Manuel Mondragón, y con varios especialistas, no desde luego para legalizar las autodefensas, sino para ver la manera de “apoyar legislativamente” la atención a un problema literalmente explosivo.