Dominados por una falta de sentido común, las dependencias estatales y federales están negando a ciudadanos y medios su derecho a conocer la información pública con todo descaro, amparados –según ellos– en la “veda electoral” que prohíbe la difusión y propaganda de acciones de gobierno.

Y es que escudándose en la Ley Electoral vigente, las delegaciones federales de la  Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como la Secretaría estatal de Medio Ambiente (SEMA), esconden la información pública que por ley están obligados a rendir.

El pretexto es absurdo y solo evidencia la gravedad de la miopía de quienes dirigen estas dependencias, ya que la prohibición de difundir información establecida en la ley electoral tiene como único propósito evitar que se usen acciones de gobierno como publicidad para algún partido en específico, y se limita exclusivamente a las fechas de campaña, en el caso de Quintana Roo del 13 de mayo al 7 de julio.

Por lo tanto, toda dependencia –haya elecciones o no– está obligada a rendir cuentas y a responder toda solicitud de información ciudadana. No es posible que por estar en proceso electoral se paralice la administración pública y las leyes de transparencia se tiren por el caño.

De hecho, las acciones de gobierno no deben verse interrumpidas por el proceso electoral, como lo dejó claro hace unas semanas el consejero del IEQROO, Rafael Guzmán Acosta, quien señaló a los medios que los programas sociales del gobierno estatal como Brigadas del Bienestar y Basura por Alimentos podrían seguirse realizando sin problema, siempre y cuando no se difundieran por ningún medio de comunicación.

Pero parece que a la Conagua, Profeco, SCT y SEMA, se les tiene que explicar el asunto con manzanitas, ya que decidieron aplicar su propia interpretación de la ley dando un portazo en la cara a todo aquel que se atreva a pedirles cuentas de lo que supuestamente realizan, aún sean asuntos que no tienen ninguna relación con la contienda electoral.

Usando la “veda” para su conveniencia, la Conagua se reservó la información de la calidad del agua en los pozos de la zona limítrofe; la Profeco escondió el número de quejas contra la CFE en el mes de abril; la SEMA evitó dar detalles sobre el programa de verificación vehicular en el estado y la SCT se negó a informar acerca de las quejas ciudadanas por los altos cobros de impuestos en la aduana de la frontera con Belice.

Con estas negativas, dolosas a todas luces, exponen su nula cultura legal y la opacidad con que se manejan, escondiendo bajo la alfombra todo lo que huela mal.