18 de Septiembre de 2018

Opinión

“Consienten” a delincuentes en Quintana Roo

Pongamos el asunto en perspectiva. El año comenzó violento en el país y Quintana Roo lo padece.

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En la primera quincena se registraron siete ejecuciones: dos en Cancún, una en Puerto Morelos, otra en Playa del Carmen y tres en Cozumel. Días después medios locales y nacionales publicaron la férrea batalla que libran tres cárteles por el control de las plazas. El 18, otros dos homicidios con tintes del crimen organizado en Cancún. En fin, la inseguridad se instaló en la agenda. 
 
Por supuesto, todo ello ni comparable con lo ocurrido en el norte de la nación, o en el Distrito Federal, donde el 13 de enero fueron asesinadas 15 personas en apenas 11 horas. Descomunal.
 
En fecha reciente, la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo emitió boletín con datos que asustan a cualquiera: durante 2012 hubo más de 30 mil delitos –registrados, cabe aclarar–, de los cuales el robo a casa habitación, la violencia intrafamiliar y las extorsiones detentan mayor incidencia. Este último, con 150 llamadas que afectó a micros, pequeños, medianos y grandes empresarios, lo cual situó a Quintana Roo en el vergonzoso primer lugar nacional. 
 
En la zona alta de la jerarquización no aparecen los rubros “secuestro”, que fueron 12; “homicidio”, 25 contabilizados por la dependencia (tres más que en 2011), ni “suicidio”, 30 en total. Con eso, el porcentaje de muertes se elevó aproximadamente 10 por ciento en 2012 respecto del año anterior. Poco, si es cotejado con la cifra de la primera quincena de este 2013, sobre todo porque, se asegura, el 80 por ciento de los actos cometidos fue sin violencia.
 
En complemento, la Procuraduría General de la República (PGR) alertó que los delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, fueron los de mayor incidencia el año pasado, con una clara tendencia a continuar, y que el consumo excesivo gatilla la comisión de otros ilícitos como los antes descritos.
 
Claro, ello se debe en gran medida a la ubicación fronteriza de la entidad, pues dicha condición facilita el trasiego de drogas, que se agrava por una triste realidad: hay mercado amplio y pujante. El consumo de drogas en Cancún, donde habita la mayor cantidad de población, creció 66.6 por ciento más respecto de 2011. El porcentaje otorgado por el Centro de Integración Juvenil, temible por sí solo, cobra dramatismo cuando se especifica que ahora la primera experiencia se tiene entre los 10 y 14 años de edad.
 
CAUSAS Y EFECTOS.
 
Ahora bien, puesto el panorama en perspectiva, es importante identificar las causas.
Además de las siempre citadas, como la pérdida de valores, la marginación social o el “culto al crimen”, se deben enlistar los errores legales, la falta de voluntad política para apuntar al origen del delito y no a la punición, y el insuficiente trabajo transversal entre instituciones de diferentes jerarquías y ámbitos de acción.
Si se retoman los delitos más frecuentes de 2012 en la Entidad (robo y violencia intrafamiliar, ni hablar de ejecuciones), encontraremos fallas legales que lo facilitan y consienten al delincuente. 
 
El robo solo es grave en circunstancias muy específicas; por ejemplo, cuando lo cometen con violencia dos o más personas, con armas o medios peligrosos, siempre y cuando el monto sustraído exceda 300 días de salario mínimo, que son 17 mil pesos aproximadamente.
 
Este es un tema legislativo, no siempre corruptelas de policías o ministerios públicos, porque los agentes del orden deben ceñirse a lo que ordena la ley. Y en este ejemplo la ley es insensata.
 
En cuanto a la violencia intrafamiliar, la pifia es clara: no es delito grave. Quien comete el delito sale con fianza. 
 
Novedades publicó el sábado 19 de enero que la Fiscalía Especializada para la Atención a la Mujer divulgó que las denuncias por violencia familiar se han incrementado en los primeros 18 días del 2013, al iniciar 30 averiguaciones previas. Seguirá la tendencia, porque el golpeador se siente protegido. Así de fácil.
 
Respecto de la voluntad política, es notorio que los encargados privilegian los “grandes golpes”, con fotos y entrevistas, en vez de prevenir el origen del problema.
La prevención del delito es un tema vital que no ha sido considerado en su justa medida. Hay esfuerzos titánicos, completos y muy profesionales, a pesar del personal insuficiente y el nulo presupuesto.
 
El principal motor de “Quintana Roo Comprometido Seguro y Unido” es el trabajo y la decidida participación de todos quienes aspiran vivir en un Estado seguro, con paz y armonía social. Brindan pláticas informativas, foros de prevención, talleres, cursos y conferencias en instituciones educativas de todos los niveles, a las familias y a la sociedad civil. 
 
Procura formar redes de jóvenes para que fortalezcan ellos mismos la seguridad en sus comunidades y centros deportivos, aunado al trabajo con grupos religiosos, organizaciones civiles, sindicatos, grupos organizados y asociaciones no gubernamentales, para lograr el objetivo trazado. Sin embargo, el área permanece en una posición inferior, rezagada, porque los altos mandos no comprenden el propósito. 
 
Una buena: para la prevención del delito, la Secretaría de Educación Pública concentrará 37 acciones con un presupuesto de 73.6 mil millones de pesos durante todo este año. Como se ve, la idea ni siquiera es de las corporaciones policiales, donde está la “mata”. A lo que voy: esa voluntad federal no es equiparable a la de Quintana Roo, donde ni siquiera hay recursos.
 
El último aspecto es el relacionado con el trabajo transversal, o sea, la tarea coordinada no solo entre instituciones afines, sino con otras que pueden y deben intervenir. 
 
En Quintana Roo sería ideal que la Secretaría de Turismo promoviera acciones específicas para prevenir, por ejemplo, el consumo de drogas y la prostitución, tan común en sitios como la Zona Hotelera de Cancún. De la misma manera podría actuar Desarrollo Social, Desarrollo Económico o Cultura, entre otras. A lo que voy: el trabajo no solo debe circunscribirse a las instancias policiales, punitivas y de prevención, sino que el bienestar integral compete a todos. 
 
Así las cosas, queda claro que la prevención del delito, la procuración de justicia y el castigo ejemplar se aplican a medias en el Estado.

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