Hay contrastes en los políticos, siempre los habrá. Nada raro, al final, no son extraterrestres y, mucho menos, súper hombres. Son, simplemente, mortales con virtudes y defectos.

Pero también valen por sus propuestas y por el interés legítimo de apoyar, desde sus cargos, a los más necesitados, amén de que también jalan agua para sus respectivos molinos en el apartado electoral. Nunca estarán de más algunos buenos votos para las elecciones venideras en donde ellos o sus partidos políticos sacarán alguna tajada por más mínima que sea.

Un caso interesante es el del diputado federal de Acción Nacional, Joaquín Díaz Mena “Huacho”, quien propuso en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y que otorgaría el derecho de hasta siete días de permiso con goce de sueldo a padres o tutores con hijos menores de edad que padezcan enfermedades terminales.

Basta saber que en México el cáncer es la segunda causa de muerte en menores de 14 años, solo después de los accidentes de tránsito. La Secretaría de Salud estima anualmente entre 5 mil y 6 mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años, destacando las leucemias 52 por ciento; y linfomas y tumores del sistema nervioso central, ambos con un 10 por ciento.

“Huacho” Díaz, ex candidato gubernamental de Yucatán en 2012, promueve que con las adiciones de las fracciones 29 y 29-bis, al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, se implementaría, en los sectores público y privado, el derecho para que los padres de familia puedan hacer frente a la situación que padezca el menor de edad, atendiendo la urgencia y acompañarlos.

El legislador añadió en entrevista con De Peso que “para gozar de este beneficio, el trabajador deberá comprobar la enfermedad o accidente mediante un dictamen médico, acordando con el patrón la reposición de horas laborales otorgadas en días posteriores. En Acción Nacional nos parece de elemental dignidad que los padres de familia con estos problemas puedan tener el tiempo necesario para cuidar a sus hijos o tutelados. Se trata de un acto de humanidad ante las muchas veces inhumanas jornadas laborales”.

Y claro que el cáncer es un asunto sumamente delicado para miles y miles de familias en México de ello Yucatán no se escapa. Veamos. En la entidad se detectan anualmente entre 120 y 140 nuevos casos de cáncer en niños y adolescentes, siendo la leucemia la enfermedad con mayor incidencia, de acuerdo con reportes del Hospital O’Horán.

El promedio, sólo en dicho nosocomio, se atienden alrededor de 60 nuevos casos cada año, pero entre los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e institutos privados hay cifras similares.

De hecho, según las estadísticas del O’Horán, el cáncer infantil en menores de 18 años, representa el 5 por ciento de todos los casos de esta enfermedad en Yucatán, mientras que la leucemia es el primer lugar en incidencia con el 49 por ciento de los pacientes. Actualmente hay 90 niños en tratamiento activo en el referido nosocomio, y en los últimos 16 años se han atendido más de 900 menores con esta enfermedad.

En otras palabras, la iniciativa de Joaquín Díaz Mena es sumamente válida. Fuera de alguna eventual ganancia política, para las familias que tengan hijos con cáncer la propuesta de ley laboral se tornaría muy valiosa en el sentido humano.

Pero el contraste radica en la política estatal. Pues resulta que trabajadores sindicalizados del Poder Ejecutivo interpusieron el viernes pasado una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) en contra de Beatriz Peralta Chacón, directora de la Casa de las Artesanías, por insultos, amenazas, humillaciones y represión salarial hacia sus propios empleados.

Resulta que es la primera denuncia, la 203/2016, que servidores públicos como los burócratas realizan en contra de un funcionario gubernamental en la gestión de Rolando Zapata Bello.

Peralta Chacón es una de las pocas funcionarias –y no de primer nivel- en el gabinete gubernamental de Rolo y luego de tres años de presuntas vejaciones al personal de la Casa de las Artesanías, los burócratas decidieron organizarse e interponer la denuncia ante la Codhey, con el apoyo de su dirigente Jervis García Vázquez, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán (STSPEIDY).

Los inconformes también interpusieron una queja ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Yucatán debido a que la ticuleña Peralta Chacón efectúa descuentos salariales ilegales al personal, principalmente a mujeres, quienes ya han sufrido crisis nerviosas por la “prepotencia” de la funcionaria estatal.

A nadie le debe extrañar que la ex legisladora local del PRI, conocida más por sus dotes de cocinera –dicen los que saben que prepara un riquísimo frijol con puerco- que por sus habilidades políticas, tienda a comportarse de esa forma. Sólo acordarse de que siendo diputada le sonó tremenda cachetada al entonces legislador local panista Patricio Patrón Laviada, quien posteriormente sería el primer gobernador de Yucatán no extraído del PRI. Luego, entonces, no hay que esperar mucho de doña Beatriz como funcionaria estatal. La negociación no es su fuerte pero los recordatorios familiares, sí. Ojo, don Rolando. Allí el contraste de los políticos.

Amiguitas y amiguitos, ya saben: sugerencias para que las “artesanías” no se conviertan en la “leucemia política” de Yucatán, enviarlas a [email protected] y/o [email protected]