Conforme afinan los preparativos para la decimotercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre Diversidad Biológica, a celebrarse en Cancún del 4 al 17 de diciembre bajo el lema “Integrando la Biodiversidad para el Bienestar”, se divulgan los desafíos tanto locales como globales. Y las noticias no son halagüeñas.

Uno de los rubros más preocupantes es el de la pesca y la acuicultura. Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación “el 60% del recurso pesquero mundial necesita un plan de manejo y el 35% está sobreexplotado”, lo cual provoca un obvio desequilibrio.

No son pocos los expertos que advierten la desaparición del 90% de grandes especies debido a la sobrepesca, la captura ilegal y las repercusiones del cambio climático, particularmente en los arrecifes.

Han acusado también la ausencia de políticas adecuadas; consumo excesivo de recursos marinos; pesca con tecnologías modernas y métodos agresivos; destrucción y alteración de hábitats por la presión demográfica, así como la contaminación de fuentes terrestres y descargas residuales en el mar.

México ocupa el cuarto lugar del continente en volumen de pesca, aunque en 2015 la aportación sobre el PIB del sector fue de apenas 0.8%. Y con base en la Carta Nacional Pesquera 2012, de las 56 unidades de manejo el 58.9% ha alcanzado su rendimiento máximo, mientras que en el 21.42% se registra deterioro de los recursos pesqueros.

Es decir, el 87.5% de las unidades pesqueras ya no es susceptible de ningún incremento de producción y muchas de ellas requieren acciones de manejo y protección para detener o revertir su deterioro. Que sólo el 12.5% tenga potencial, es grave. 

Por supuesto, Quintana Roo no es ajeno a los retos ni está exento de las consecuencias, de hecho, ya percibidas en su larga costa. Porque si bien la pesca y la acuacultura constituyen fuentes de alimentación, empleo, cultura, ciencia y desarrollo, son cada vez más visibles las amenazas por descuido, falta de voluntad política o poco presupuesto para responder.

Las comunidades pesqueras de Cancún, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, principalmente, deben ser escuchadas: conocimiento les sobra y propuestas tienen, pero escasean instrumentos legales y de organización para fomentar el desarrollo sustentable sin comprometer la conservación del capital natural ni su progreso. 

El encuentro de la COP es una oportunidad única para el país en aras de evolucionar. Ante más de 10 mil representantes de otros países, agrupaciones civiles, comunidades indígenas, jóvenes, académicos y empresarios, se revisará el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi de cada nación.

No hay excusa que valga, ya que por primera vez se involucrará a los ramos agropecuario, turístico, urbano, forestal y pesquero debido a los impactos nocivos; sobre todo, porque están íntimamente relacionados en territorios como este. Es la hora de proponer o “morir”.

Desorbitado

No todos están satisfechos con el decreto de la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano, porque aun cuando el documento presentado reúne las objeciones de hoteleros y empresarios, reduce a sólo 28 mil 586 hectáreas la superficie en tierra protegida, ceñida a zonas de humedales y de conservación de tortuga. 

Lo anterior abre la posibilidad de construcciones turísticas en una buena parte del litoral quintanarroense, por lo que se espera un debate alterno (polémica incluida) en el marco de la reunión internacional antes comentada.

Por lo pronto, comuneros y pescadores manifiestan su sentir de muchas maneras, como “clausuras simbólicas” o pancartas alusivas. No los igno