La fulminante destitución de Ernesto Cordero como coordinador de los senadores del PAN no pudo sino llamar poderosamente la atención de medios y de políticos, pues por un lado se hizo con notable celeridad y rudeza, y por otro evidenció la división interna de dicho partido.

Sin embargo, reducir lo ocurrido a esos elementos sólo puede producir conclusiones tan frívolas como el análisis que de ellos se hace.

Más allá de la división del PAN -característica que comparte con la inmensa mayoría, si no la totalidad de los partidos de los regímenes electoralmente plurales- o del debate sobre el autoritarismo estatutario del partido blanquiazul -asumido con entusiasmo cavernario por un Gustavo Madero tan incapaz de reproducir el talante democrático de su tío Francisco I. como de asemejarse físicamente a él, pese al disfraz que porta- el evento es un síntoma de un severo problema funcional del Estado mexicano.

El exabrupto del coordinador parlamentario tuvo su origen en la dinámica que PRI, PAN y PRD han establecido para el Pacto por México, en la que, en efecto, los acuerdos políticos se toman por un reducido grupo de dirigentes partidistas y después son entregados al Congreso para su aprobación.

Lo grave de este mecanismo es que desplaza las decisiones de Estado del espacio estructural en el que por mandato constitucional deben realizarse, a un muy pequeño grupo de jerarcas políticos que acuerda fuera del marco institucional.

El mecanismo requiere la claudicación de los electos (500 diputados y 128 senadores) de cumplir plenamente sus funciones constitucionales -debatir, proponer, acordar, en fin, representar- para asumirse como comisionados de los dirigentes políticos cuyas instrucciones obedecen.

Los tres partidos reproducen así las peores prácticas del viejo régimen priista, en donde la principal virtud de los legisladores era la docilidad.

La clase política exhibe así, sin pudor alguno, su incapacidad para aceptar las reglas democráticas construidas por ella misma, de acuerdo con las cuales las decisiones se toman en las cámaras por quienes están legitimados para ello por haber sido electos.

En una democracia, el voto popular es lo único que da legitimidad a las decisiones de los políticos. Sustraerlas del Congreso para colocarlas en manos de quienes no fueron votados rompe el orden democrático y hace disfuncional el sistema político.
Al tiempo.