No aceptará que las modificaciones a la leyes de telecomunicaciones que se están planteando en el Pacto por México impliquen que su empresa, Televisa, devuelva al Estado mexicano los canales “sobrantes” que resulten de la transición analógica a la digital (dentro del llamado apagón analógico), cancelando con ello la posibilidad de que el gobierno de Enrique Peña vuelva a concesionar lo que ya tiene asignado la televisora de Chapultepec.

Esta nueva versión, como la que comenté ayer, también va y viene en los más altos círculos del poder en el país, y se encuentra en directa contraposición a la anterior: no se aceptaría nunca que el gobierno cambie el título de concesión de Telmex por su clara dominancia en el sector de telecomunicaciones, cuyo valor de mercado y capitalización es mucho mayor al de la televisión abierta. La postura es que no se le permita dar televisión a través de sus redes de cobre y fibra óptica.

Se argumenta que las frecuencias de tv abierta que tienen asignadas las concesionarias no pueden ser retiradas por parte del Estado, ya que —se justificaría jurídicamente—, fue el pedazo de espectro lo que se concesionó, y no cada canal en solitario.

Así, y dado a que la tecnología digital evolucionaría —como ya lo hizo, para meter varias señales digitales donde antes solo cabía una análoga— el concesionario que posee el título tiene derecho a meter en ese pedazo de espectro todo lo que le venga en gana; a usarlo a su mejor entender, pues.

También señala que Emilio Azcárraga reiteradamente ha dicho que está dispuesto y receptivo a que exista más competencia en televisión abierta —es decir, a que haya más canales de nuevos concesionarios, pero nunca a devolver espectro. ¿La razón? Sencilla: Televisa es líder en la producción de contenidos de habla hispana, tal es su posición que apostó por Univisión en Estados Unidos.

Es la mayor y más poderosa fábrica de programas en español, por lo que no le teme a la posibilidad de que otros lo intenten.

El Pacto por México tiene que resolver esta ecuación. Nada fácil por los derechos previamente creados y por la “no retroactividad” de las leyes mexicanas. Esto implicaría, además, el recurso más escaso: tiempo.