19 de Septiembre de 2018

Opinión

Corrupción, asunto de todos

Semanas atrás, Opciona (www.opciona.mx) publicó un estudio cuyo objetivo es entender cómo nos relacionamos con la corrupción...

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Semanas atrás, Opciona (www.opciona.mx) publicó un estudio cuyo objetivo es entender cómo nos relacionamos con la corrupción. Los porcentajes inquietan, porque 79% la asocia con el gobierno en general: policía, gobernadores, políticos o funcionarios; en tanto, el 96% se considera “poco o nada corrupto” y apenas el 4% restante “mucho o muchísimo”.

Esto significa que los ciudadanos la conciben como un problema del gobierno y, por lo tanto, asumen que no tienen la capacidad de incidir ni corregirla. En ello radica lo peor del mal. 

¿Las soluciones? Son prioridad, dicen ellos mismos, la educación (51%), el castigo a los políticos que la cometen (46%) y las sanciones contra ciudadanos que la ejecuten, faciliten o promuevan (3%).

Algo está muy mal si la mayoría opina que el asunto le es ajeno o nada puede hacerse. Por eso causa admiración cuando un grupo ciudadano, organizado o no, reacciona tanto legal como legítimamente en favor de la causa.

Por ejemplo, la semana pasada la organización civil “Ciudadanos por la Transparencia” y algunos quintanarroenses sin afiliación partidista anunciaron acciones legales contra las reformas y los nombramientos efectuados por el Congreso del Estado, a fin de que no surtan efecto. 

Lo anterior en referencia al denominado “blindaje” para los actuales servidores públicos, con los cuales, se especula, evadirían la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia.

Más allá de que tengan razón o no en emprenderlas (deberán comprobarlo en todo caso) y sean medidas jurídicas oportunas, deben ser reconocidas porque se ejerce un derecho inalienable, sobre todo, contra quienes -se supone- representan a los ciudadanos, y no a los políticos acusados, en la máxima tribuna de Quintana Roo. 

Callarse, minimizarlo o ignorarlo es atentar contra el Estado de Derecho y la democracia. No buscar soluciones, algo peor. Por eso provoca pavor cuando un porcentaje mayor no la reconoce como una de los peores problemas del país (8% de acuerdo con dicha medición).

Estos esfuerzos no son en vano. El ejemplo está en el ámbito nacional con el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 3 de 3 y otros mecanismos, los cuales han sido valorados positivamente por la comunidad internacional, ya que los consideran avances. 

Resta, pues, fortalecerlos en lo legislativo y sumar voluntades desde la sociedad y otros ámbitos, para después exigir cuentas claras. Eso fomentará la conciencia en torno a una temática que impacta en todos los niveles del desarrollo aunque no se crea así.

Ahora se espera que se ponga en práctica el discurso de los nuevos gobernantes, en el sentido de que vienen con más ímpetu al respecto. Tanto el gobernador electo Carlos Joaquín, como los presidentes Cristina Torres, Perla Tun, Luis Torres y Remberto Estrada han dado luces al respecto.

Consultado para esta opinión, el electo de Benito Juárez, el pevemista Remberto Estrada Barba, anuncia que pondrá en marcha el programa “Usuario Simulado”, el cual trabajará de manera permanente, en conjunto con la sociedad civil, académicos y otros actores, “para lograr un gobierno abierto, trasparente y que rinda cuentas”.

“Ya estamos convocando, ha habido acercamientos y hay una idea en común: servidor que sea sorprendido (cometiendo corrupción), será destituido inmediatamente y puesto a disposición de la Contraloría”, adelanta.

Es clave la participación ciudadana y la denuncia; de lo contrario, el andamiaje jurídico, los proyectos y las ideas de poco sirven. La ciudadanía no puede estar ausente en el debate y la transformación que es tan necesaria.

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