La aprobación sólo parcial de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción ha generado un disgusto ciudadano en el que se mezclan frustración, impotencia y muy mala puntería técnica y política. Así pudo ser testificado en el último tramo del debate en el que, buscando remedios urgentes, se alzaron reclamos tan ingenuos como absurdos. El más folklórico de ellos fue sin duda la pretensión de que en las declaraciones públicas de los funcionarios se reportara el estado patrimonial de sus parientes hasta en cuarto grado, es decir, hasta los primos, tíos abuelos, sobrinos nietos y tatarabuelos, por no hablar de medio hermanos, esposos de tíos y primos de cónyuges. La sola existencia de esta propuesta evidencia el nivel de desesperación que puede generar la corrupción, pero, también, la incapacidad de la sociedad civil de incidir de forma certera en su desmantelamiento.

La presentación de declaraciones patrimoniales es sólo un mecanismo para detectar indicios que puedan llevar a confirmar la existencia de actos de corrupción, pues el solo hecho de que un individuo se enriquezca no prueba comportamientos ilícitos. Para ello se requiere de averiguaciones y análisis de información precisos y, sobre todo, profundos y extensos, tales que permitan encontrar la forma específica como un individuo se enriqueció de modo ilegítimo. Estas son tareas que sólo pueden ser realizadas sistemáticamente por órganos del Estado, mismos que, hoy por hoy, no están cumpliendo su cometido, como es evidente. Ese es el problema central a solucionar.

Que la sociedad sepa quién se enriqueció gracias a su cargo en muy poco ha venido a contribuir a frenar la corrupción. Tampoco lo hará conocer la riqueza oficial de los funcionarios corruptos y de sus parientes. Quienes encubren los hurtos de aquéllos son sus socios ex profeso, parientes o no, y su botín no es visible en ninguna declaración patrimonial. La posibilidad de que la sociedad incida realmente en la lucha contra la corrupción requiere de instrumentos judiciales que permitan a cualquier ciudadano, a partir de indicios públicos, obligar a acciones de investigación financiera que resulten en la penalización de funcionarios y empresarios que se asocien para saquear al erario. Esos son los procesos que hay que vigilar.