Impulsar el crecimiento económico reorientando la obra pública a fin de proporcionarles servicios básicos de infraestructura social a las comunidades que carecen de ellos resulta sin duda el objetivo  principal del presupuesto para 2014 que el Ejecutivo estatal presentó al Congreso yucateco en días pasados y que alcanza poco más de los 33 mil 33 millones de pesos.

En una situación donde las expectativas del crecimiento económico nacional han sido ajustadas a la baja, lo que primero destaca en el ejercicio gubernamental proyectado  es su aumento en un 14% respecto al actual, lo que significa que si la inversión privada y social se comportaran igual, nuestro desarrollo alcanzaría esa misma cifra el año próximo, lo que nos da una idea más precisa del impacto de la inversión pública en la economía.

Resulta por lo tanto un incremento presupuestal que busca de manera deliberada impulsar la actividad económica local, pero, además de la importancia intrínseca de su magnitud, su impacto puede ser más o menos favorable dependiendo en los rubros en que se invierta, si van por ejemplo dirigidos al consumo o a la producción.

En un entorno en que la estratégica industria de la construcción ha sufrido un retroceso atribuible a la sobreoferta de viviendas, es destacable que  el gobierno haya considerado incrementar en un 50% su inversión en obra pública, con el claro objetivo de reorientarla a la construcción de obras de infraestructura, básicamente carreteras y electrificación para las comunidades que carecen de ellas, lo que, además de impulsar la creación de empleos, indudablemente contribuirá para abatir la desigualdad social.

Desigualdad que también será combatida mediante las políticas transversales diseñadas por la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo financiamiento se incrementará en un significativo 45%. 

Y aunque la mayor inversión en términos absolutos es la destinada a la Educación, incluyendo la Educación Superior con la Universidad Autónoma de Yucatán y el sistema tecnológico,  lo que da cuenta de su importancia para las autoridades estatales, las secretarías que inciden en la actividad económica, sobre todo del sector social y los pequeños y medianos empresarios, como Fomento Económico,  Desarrollo Rural y Fomento Turístico, participarán de una ampliación presupuestal de entre el 10% y el 51%. 

Otro aspecto importante es que los nuevos impuestos no tendrán repercusión negativa en la actividad económica general, porque están orientados a las actividades accesorias, como el impuesto del 10% que se aplicará a las apuestas de los casinos, que colateralmente puede contribuir a disminuir el número de víctimas del “juego descontrolado” o ludopatía.

Sólo un gobierno que sabe a dónde quiere llegar, porque sabe escuchar la demanda popular, puede tener la capacidad para implementar los medios adecuados para alcanzar sus objetivos sociales.