A finales de marzo pasado, la titular de Sedesol, Rosario Robles, dijo que en 49 de los 400 municipios que atenderá la Cruzada Nacional contra el Hambre, personal de esa dependencia tendría que ir acompañado del Ejército, debido a la inseguridad.

El anuncio lo hizo poco antes de que se destapara un supuesto complot priista para desviar recursos de programas sociales en Veracruz con fines electorales, un caso que derivó en el cese de algunos y el relevo del secretario de Finanzas de Javier Duarte.

Vinieron después acusaciones mutuas de PRI y PAN sobre el mismo tema, lo que motivó que se frenara el Pacto por México y obligara al Gobierno Federal a firmar el pasado martes un anexo, que lleva implícita la aceptación de esa práctica para coaccionar el voto.

Y así lo dijo ese día el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz: “Por eso coincidimos y vamos juntos a combatir la suspicacia, a eliminar la zozobra de la sospecha.  (…) compartimos responsabilidades, pues la evidencia demuestra que la tentación es la misma y existen denuncias de todos colores”. ¿Más claro?

Pero, además, sería ingenuo suponer que con los 11 puntos enlistados para garantizar transparencia, igualdad, legalidad y respeto en los próximos comicios del 7 de julio se acaben esas conductas –están en el ADN de los políticos–, por ello se debe evitar que en el reparto de ayuda de Sedesol en su Cruzada contra el Hambre se involucre a militares. 

No hace falta implicar a las fuerzas armadas en actividades de gobierno que pueden generar sospechas de que se favorece a grupos afines al partido en el poder. Ello si se quiere aportar certeza jurídica para favorecer el clima de civilidad política.

El Ejército y la Marina son las instituciones más confiables cuando se trata de brindar ayuda en casos y zonas de desastre, al ofrecer alimentos, traslados y refugio a damnificados. Conservemos esa confianza y respeto.