No hay duda que la iniciativa privada es la más viva fuente de mejoramiento social. Como tampoco la existe de que el Estado debe promover el orden en su desenvolvimiento, su carácter social, el interés nacional y su subordinación al bien común.

En este tenor, nos enteramos hace unos días del veto que el presidente español, Mariano Rajoy, ha impuesto –sabiamente– a la pretensión del empresario norteamericano Sheldon Adelson y su proyecto Eurovegas de instalar un complejo de casinos en la comunidad de Madrid.

Lo que se rechaza en una España que pasa por una grave crisis económica y de desempleo es una inversión de más de 17,000 millones de euros y  250,000 empleos temporales, aunque al final no serían tantos los permanentes.

El rechazo tiene razones pertinentes. El voraz empresario pretendía condiciones impensables. Entre otras, que no se le aplicaran las leyes de salud, privilegios crediticios, restricción de entrada a nuevos inversionistas, devolución de la inversión e indemnización si le afectaban futuros cambios en la normatividad española y europea –esta última no dependiente de España–, además de otras “lindezas” jurídicas de proteccionismo.

Este hecho ocurrido del otro lado del Atlántico debe alertarnos. Temas como el Dragon Mart en Quintana Roo o la reciente y esperanzadora Reforma Energética que abre –adecuadamente– la posibilidad de inversión privada en la materia no son asuntos alejados. La legislación secundaria y la aplicación práctica de la susodicha Reforma deben cuidar estos aspectos.

La experiencia en casos anteriores nos arroja privatizaciones que ni bajaron precios de productos, ni alentaron competitividad y sí crearon monopolios y corrupción. Cuidar que esa reforma llegue en la práctica a buen puerto es tarea indispensable.

Ni Estado monopolizador pero tampoco capitalismo salvaje que atente contra el interés nacional.