La semana pasada, en unas cuantas horas miembros de la delincuencia organizada ejecutaron en acciones no vinculadas a cuatro jóvenes en tres municipios de la Zona Norte de Quintana Roo: Cozumel, Solidaridad (Playa del Carmen) y Benito Juárez (Cancún). Las alertas se activaron incluso días antes, cuando en Chetumal detuvieron a dos sicarios involucrados en al menos cuatro asesinatos cometidos en la Zona Sur.

Lo anterior motivó reuniones de emergencia durante las cuales participaron jefes policiales y mandos militares para implementar acciones inmediatas y contrarrestar la violencia.

¿Qué sucede? En el aparente vacío de poder por la alternancia es común que los delincuentes traten de imponer condiciones, marcar terreno, mostrarse y propiciar estas reuniones para saber cómo reaccionan los encargados de la seguridad. Esa al menos es la experiencia en otras regiones del país donde los criminales imponen autoridades y condicionan el rumbo de las administraciones municipales.

Desde hace tiempo se reconoce que en Quintana Roo operan bandas criminales. Se sabe también que, por su condición fronteriza, es paso natural de mafias dedicadas a delitos de alto impacto, e incluso que maras han decidido permanecer en el territorio y aliarse con traficantes de droga o mercancía ilegal sobre todo en la frontera con Belice. 

Lo primero, es reconocer el problema en su justa dimensión y no minimizarlo. 

Si es necesario actuar con la fuerza, habrá que hacerlo. También habrá que aplicar labor de inteligencia militar y financiera aun cuando ello suele ser el menos inteligente de los trabajos. No está de más recordar que las Policías de Quintana Roo están infiltradas hasta en las más altas jerarquías, han confesado funcionarios en más de una ocasión. Eso evidencia la escasa preparación y las nulas estrategias de inteligencia requeridas para mantener corporaciones “limpias”.

Gran parte de la solución está en profesionalizar las instituciones mediante exámenes de todo tipo y capacitaciones constantes para seleccionar al personal por actitud, aptitud y vocación, no para cubrir plazas disponibles o cumplir favores. Junto con eso, un salario digno, condiciones óptimas de seguridad, herramientas suficientes para desempeñar la tarea y un largo etcétera. 

Las acciones de los delincuentes han sido posible por la complicidad con servidores públicos y policías. Ningún grupo criminal nace solo. Su “éxito” se entiende porque los dejan hacer y crecer.

Pero más allá de todo, será decisiva la participación activa de la ciudadanía, que debe combatir sin tregua la corrupción porque allí brota la mala semilla. Para eso el estado debe garantizar medidas de secrecía para denunciar hasta el mínimo acto deshonesto. Debe también resanar el tejido social y redoblar esfuerzos en materia de prevención, pese a que los programas al respecto suelen calificarse como “adornos”. 

Un ejemplo: el mes pasado el gobierno federal divulgó el convenio de adhesión para el otorgamiento de apoyo económico a las 31 entidades y el Distrito Federal en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.

Quintana Roo deberá recibir 57 millones 17 mil 695 pesos. A la fecha, no se tiene el dinero ni existe un programa perfectamente diseñado para saber cómo, cuándo y dónde aplicar parte importante del recurso, con lo cual se pierden tiempo y efectividad.

En paralelo, el ciudadano debe exigir justicia, rendición de cuentas y otro largo etcétera. Si la autoridad cumple con incorporar a buenos elementos y los ciudadanos en denunciar, se avanzará. Es el primer paso.
El estado tiene la obligación y, el ciudadano, el deber.