16 de Diciembre de 2018

Opinión

De parto

Es de suponer que las clínicas involucradas en los hechos tienen profundas carencias de espacio, camas y personal para atender las necesidades de los usuarios.

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El jardín, el baño, la banqueta... Cualquier lugar puede resultar sala de partos. En pocos meses se han documentado al menos seis casos de mujeres, todas pobres y la mayoría indígenas, que acudieron a hospitales públicos y se vieron obligadas a dar a luz en aquellos sitios, ante la negativa del personal médico y administrativo de los centros de salud de admitirlas para su debida atención. Y aunque los responsables directos han sido sancionados, la persistencia de la situación hace evidente que este tipo de medidas es insuficiente para suplir las carencias humanas y materiales de los servicios básicos de salud a cargo del Estado.

Es de suponer que las clínicas involucradas en los hechos tienen profundas carencias de espacio, camas y personal para atender las necesidades de los usuarios. Esta condición forma parte de la insuficiencia estructural de recursos del Estado, que además se administran mal, y difícilmente cambiará en el futuro inmediato.

Sin embargo, lo más lacerante del caso no es la pobreza de los servicios -pese a ella se puede tener un parto decente-, sino la dureza, la insensibilidad con que las personas que han aceptado trabajar en la atención de la salud de otros enfrentan y desprecian el dolor y la dignidad ajenos. En el último de los casos, uno de los responsables, como prueba de descargo, exhibió una foto del recién nacido en las redes sociales, por supuesto sin la autorización de sus padres.

Los usuarios de los servicios de salud públicos son tratados rutinariamente por la mayor parte del personal como una molestia de la que hay que deshacerse.

Personalmente he visto, entre muchas otras cosas, aderezadas siempre con un trato grosero, a una anciana con fractura expuesta esperar 6 horas al ortopedista que se escapó de su guardia para ir de pesca, a un joven con una aguja capotera clavada en el cráneo no ser atendido por llegar durante el cambio de turno y a una suicida con una caja de tranquilizantes en el estómago ser lanzada a la calle por no estar afiliada.

Ninguna carencia material justifica este desprecio por los demás. Y una vez más, la responsabilidad recae en el Estado, que ha sido incapaz de conducir a su personal de salud por el camino del respeto y la debida atención al paciente.

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