Quintana Roo ha enfrentado en los últimos años los embates de una delincuencia organizada que se ha especializado en la distribución de drogas, disputando palmo a palmo de terreno sobre todo en Cancún, e infiltrando a su policía municipal.

Tampoco hemos sido ajenos a delitos como los secuestros, esporádicos hasta ahora, pero no menos devastadores a nivel de núcleos familiares.

Apenas ayer la Procuraduría de Justicia del Estado difundió que sus agentes judiciales detuvieron en el primer cuadro de Chetumal a un taxista que tenía en su poder ocho dosis de cocaína y otras cinco dosis de cocaína sólida, conocida en el bajo mundo como “piedra”.

Pero además el taxista sorprendido con las manos en la yerba les dio santo y seña del honorable comerciante, quien agredió a los judiciales con un bat de beisbol.

Ya sometido, admitió que los 30 envoltorios de aluminio que tenía en su poder eran hachís –producto de la mariguana–, además de tres envoltorios con cocaína.

Se trata de otro caso de narcomenudeo que ha sido atendida del todo por la Procuraduría de Quintana Roo y por su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud (Fedcs),  mientras la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) es una instancia de membrete, tanto en Chetumal como en el resto del estado.

Porque si la PGR reaccionase a otro nivel –dejando los conejitos a la Procuraduría Estatal mientras ellos van por los rinocerontes– nuestra preocupación sería mucho menor. Pero esta PGR sigue anclada en su período vacacional, sin dejar de ejercer presupuesto de nivel federal que debe ser orientado a mexicanos que estén decididos a dar el mejor de sus esfuerzos contra el crimen.

Lejos quedó aquella ofensiva con dimensiones de cacería que emprendió la PGR en la recta final del gobierno de Mario Villanueva Madrid, cuando sus temibles efectivos efectuaron cateos, aseguraron propiedades y capturaron con alarde de violencia a ex colaboradores cercanos al ex gobernante chetumaleño.

Entonces se nos ofreció la versión de que estos zarpazos eran lanzados por el gobierno federal con el estricto objetivo de cercenar a una célula del narcotráfico que se había instalado en Cancún, decidida a extenderse como un tumor cancerígeno por todo el Caribe, apadrinada por un villano favorito de apellido Villanueva.

Trágico sería que por esta pasividad tan arraigada en la PGR –lo que ocurre en muchos estados– Quintana Roo padezca los efectos de una oleada criminal tan dantesca que ha lanzado desafío tras desafío sin que la PGR haga el menor intento por reaccionar.

Y ni el cambio de partido en la Presidencia ha marcado un antes y un después en este grupo de observadores muy bien pagados con nuestros impuestos.