Ahora resulta que la culpa del cobro injusto, irregular y excesivo del taxista cancunense es del usuario. Eso argumentó en días pasados a Novedades el secretario del Trabajo interino del Sindicato “Andrés Quintana Roo”, Salomón Muñoz, quien ratifica: la tarifa mínima es de 27 y no de 30 pesos. 

No es menor la precisión del cobro ni simplona su apreciación, porque son miles de pesos en ganancias al mes por cada operador, que si bien no fortalecen directamente a uno de los gremios más poderosos de la Península de Yucatán, los directivos siguen tolerando el abuso debido al aumento de la gasolina, las autopartes y la liquidación. Es, digamos, una forma de alivianarles la carga no reprimiéndolos.

Mal hecho. Son muy pocos los choferes que aplican lo marcado por el tarifario aun cuando eso debería ser vigilado por inspectores y sancionado con rigor. No se trata de tres, cinco o diez pesos solamente; en el fondo, solapan una anomalía que tiende a ser consumada con una actitud prepotente. Las 20 quejas semanales registradas por ellos mismos deben ser motivo suficiente para revertir la mala práctica.

El entrevistado pudo confundir en que el pasajero acepta a regañadientes para no perder tiempo ni discutir, o por desconocer el procedimiento de la denuncia, con que la culpa no recae en los chafiretes (muchos de ellos afiliados), ya de por sí con pésima imagen ante los ciudadanos. Siempre han estado muy consentidos los muchachos de la asociación en manos de Erick Castillo.

Es el momento para que una autoridad superior revise estas y otras condiciones. Desde el inicio del proceso electoral, parecieron perder la brújula.

Respecto a los policías municipales, hay voces expertas que advierten “mano negra” tras las protestas subidas de tono. El primer antecedente fue la manifestación en José María Morelos, a días de la jornada electoral, gracias a la cual lograron 3% de incremento al salario y otros beneficios, aplicables a partir del próximo día 30. 

Los de Tulum llegaron más lejos: después de seis días plantados en el Palacio consiguieron el 20% de aumento salarial, la promesa de brindar certeza laboral a los elementos de la corporación y la baja del director operativo, Juan Arial Rodríguez Alonso (clave “Cóndor”). 

En tanto, ronda el rumor de paro en Cancún, Chetumal, Bacalar y Playa del Carmen por asuntos similares a los citados. Parecieran, en efecto, acciones coordinadas, justo cuando suponen un vacío de poder, en el contexto de ejecuciones, fugas y otros delitos que aparentan un desborde de la inseguridad. Alguien podría estar moviéndolos para recrudecer “el caos”. Eso especulan conocedores de la seguridad pública, que apuntan a grupos criminales.

Acerca de los ladrones, es un hecho conocido que en periodos de asueto trabajan a marchas forzadas. No es posible obtener aún el porcentaje de robos y asaltos en las ciudades más pobladas del estado, pero tanto preventólogos como agentes del Ministerio Público pronostican que subirá la delincuencia común.

En este sentido, sería inaceptable que los servidores públicos encargados del orden culpen a los habitantes por salir de la ciudad o cambiar las rutinas. Estamos en vacaciones. Se necesita que redoblen los esfuerzos para reducir los índices.

En otras ciudades latinoamericanas, a taxistas y policías suelen motivarlos para trabajar juntos en estos meses especiales en tareas propias de la seguridad, propiciando el contacto con la población y multiplicando así la denuncia. Aquí, está comprobado, ambos suelen coludirse con delincuentes. Hay excepciones, claro está.