22 de Septiembre de 2018

Opinión

Debido proceso en Juntas de Conciliación

Hoy más que nunca en la Secretaría del Trabajo de Quintana Roo se consolida la idea innegociable de acabar con la corrupción, el influyentismo, el coyotaje y...

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Hoy más que nunca en la Secretaría del Trabajo de Quintana Roo se consolida la idea innegociable de acabar con la corrupción, el influyentismo, el coyotaje y los abusos tanto de patrones como de obreros. Se da en el momento oportuno, dado el contexto nacional predominante en torno a leyes y protocolos para combatir estos vicios. 

Esa idea se expresa con toda claridad en la elaboración del Manual de Operaciones para las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuyo "arquitecto" es Enrique Alejandro de la Cruz Pineda, el subsecretario de la dependencia en la Zona Norte. Este trabajo, que sería presentado los primeros días de mayo, será el resultado de ocho meses durante los cuales se han enriquecido los métodos y las técnicas legales.

De hecho, Enrique de la Cruz anunció que el boceto será consensuado y definido en foros, mesas de trabajo y sesiones diversas en las que podrán participar expertos, empresarios, abogados y otros interesados.

¿Qué se pretende? Enlisto los cuatro motivos más visibles:

Primero: transparentar los procedimientos jurídicos y administrativos de las Juntas para que todos los actores conozcan los detalles. 

Muchos litigantes o representantes de patrones desconocen los nuevos términos legales o las formas tras la reforma laboral, por lo cual cometen errores y omisiones graves. Un alto porcentaje pierde por su actuar erróneo, por la caducidad del plazo fatal o simplemente por desidia, aunque después argumentan como "defensa" supuestas anomalías.

Además, el Manual ratificará con elocuencia que hay instancias superiores como el Poder Judicial Federal a las que pueden recurrir si consideran vulnerados sus derechos; esto, para demostrar que ni las Juntas, ni menos la Secretaría, emiten fallos definitivos o inatacables.

Segundo: fortalecer la independencia de las Juntas en tanto se vigoriza su dinámica, todo ello en un ambiente de digitalización y modernidad. Prueba de esto es la reciente inversión de 1.5 millones de pesos en mobiliario nuevo para dignificar los espacios.

Si bien las Juntas son organismos autónomos por jurisprudencia de la Suprema Corte y no tienen superiores jerárquicos, dependen de dicha Secretaría solamente en el ámbito administrativo y no de sus decisiones, y al ser también órganos colegiados; es decir, integrados por un presidente, un secretario de acuerdos, así como por los representantes del obrero y del patrón, tienen voz activa y permanente todas las partes involucradas, lo cual desmiente las versiones acerca de la aparente secrecía con que se trabaja. Para ser claro: no se puede emitir un laudo sin la firma de las cuatro partes, con lo cual -se entiende- todos acordaron lo mismo. Los errores, el descuido, el desinterés o la falta de tiempo para atender los expedientes, es culpa, generalmente, de las partes actoras y no de las autoridades.

En este sentido, fortalecer la independencia de las Juntas con criterios comunes y compartidos será un tremendo acierto para erradicar por fin las suspicacias infundadas.

Tercero: se beneficia aún más al trabajador sin perjudicar al empleador o expatrón. Al competir en un marco transparente y consensuado, se derriban las sospechas sobre avisos inexistentes, favoritismos, dinero desviado o falta de pulcritud en los expedientes. La tónica será de una constante revisión y rendición de cuentas entre todos.

Cuarto: con este Manual se refuerzan las jerarquías, la independencia de los Poderes y el debido proceso, tan de moda por estas fechas. Quedará exhibido el que pretenda denostar el desarrollo natural de un juicio si tras un laudo se siente perjudicado antes de recurrir a instancias superior; peor aún, cuando se queje ante instancias incorrectas, como los medios de comunicación.

Como todo organismo que imparte justicia es vulnerable a actos de corrupción, pero la invitación a todos los gremios facilita la tarea de la administración de Roberto Borge Angulo, que demuestra robustecer el Estado de Derecho al combatir las imperfecciones que pudieran persistir en una de las Secretarías mejor valoradas del Estado.

El Manual tiende a ser una buena noticia para todos los interesados. 

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