15 de Julio de 2018

Opinión

Deconstrucción y reconstrucción en seguridad

El problema es que cada ajusticiamiento, ejecución o ataque de la delincuencia pone en evidencia la nula capacidad de prevención y reacción del gobierno...

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De la ejecución de la activista de la extensa y popular colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen Hermelinda Cachón --conocida como “Linda”--, cabeza de la asociación civil Jacinto Canek, líder de colonos e invasora profesional, se especulará mucho mientras se sabe con certeza --si es que se llega a saber-- quiénes la balacearon en la calle 66 entre las 25 y 20 avenidas de Playa del Carmen.

Su “oficio” --de cuyas acciones entre otras muy complejos factores surgió el asentamiento humano más grande de la cabecera municipal de Solidaridad y de Quintana Roo-- y asociaciones --entre sus tomas de terrenos algunas las hizo con su colega Julio Cano Novelo, alguna vez desalojado del predio Los Gavilanes por la fuerza pública del entonces alcalde Miguel Ramón Martín Azueta, hoy jefe de Despacho del gobernador Carlos Joaquín González-- la convertían evidentemente en una persona en riesgo de ser atacada, vulnerable por cualquiera de las razones imaginables, tanto por haberse movido durante años entre la ilegalidad y la lucha social como por los ingentes intereses económicos que siempre rondan a todo asunto inmobiliario de la zona. 

¿Criminales organizados, comunes, personas que la odiaban o tenían rencillas con ella por alguna de sus acciones colonizadoras? Quién sabe quienes son autores del homicidio, pero lo cierto es que su fama y lo violento de su deceso vuelven a poner el tema de la inseguridad y la delincuencia en Quintana Roo sobre la mesa.

Quisiéramos todos que hubiera una solución simple o inmediata para este lacerante tema que agobia como ningún otro a los gobiernos estatal y municipales actuales, pero la descomposición institucional permitida y prohijada durante casi 12 años ha derivado en un asunto tan complejo que por más que se tengan buenas intenciones tomará mucho tiempo resolver.

Por lo menos durante los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo las instituciones de prevención y procuración de justicia se fueron corrompiendo y desgajando de manera tan severa que en vez de lo que exigían los tiempos --un sistema de seguridad y justicia a la altura de los crecientes retos nacionales, con una delincuencia organizada cada vez más poderosa-- lo que se vivió fue una deconstrucción sistemática y minuciosa, que acabó en el bodrio desastrado que recibió Carlos Joaquín en septiembre pasado.

Las policías municipales y estatales, los ministerios públicos y la Procuraduría General de Justicia del Estado sufrieron severas cuanto añejas carencias materiales --reporta el secretario de Seguridad Pública Rodolfo del Ángel Campos que a su mando recibió más vehículos particulares para uso de funcionarios que patrullas, armamento obsoleto e instalaciones peor que deplorables--, cuerpos policiacos muy distantes de un perfil profesional --más de la mitad de los elementos desarmados, por no ser capaces de aprobar los exámenes de control y confianza, regulados por la federación-- y nidos de corrupción e infiltración criminal sólidamente instalados en todos los niveles.

Se trata del escenario más adverso para enfrentar al delincuencia, especialmente en momentos de reacomodos y luchas entre las organizaciones criminales luego de la eliminación de importantes cabezas, emblemáticamente Joaquín el “Chapo” Guzmán Loera, dos veces evadido, recapturado y ahora extraditado a Estados Unidos.

No es que el gobierno estatal ignore o pretenda ignorar la problemática, pues incluso en el Plan Estatal de Desarrollo se detalla el mapa delincuencial perfilado por la prestigiosa firma Lantia Consultores. Citamos:
“(…) en Quintana Roo hay presencia de cárteles, células y bandas criminales locales, particularmente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto. Aquellos encuentran redituables mercados de la economía informal, como el narcomenudeo, la trata y el tráfico de personas, el tráfico de mercancías y el ambulantaje y piratería, particularmente, porque la economía formal del estado está destinada al turismo. 

“El Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan en los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, sobre todo en Chetumal y Cancún, y tienen presencia reducida por medio de células en otros municipios de la entidad. 

“El Cártel del Golfo y Los Zetas no tienen una estructura clara y se hallan diseminados en distintas células criminales afines y en ocasiones antagónicas, como en el caso de Tamaulipas. En Quintana Roo se registran dos grupos vinculados con estas organizaciones: Los Sureños, relacionados con Los Zetas y Los Pelones, célula afín al Cártel del Golfo --encabezado, entre otros, por Graham Anguiano Interian (a) Caritas y Edgar Iván Reyes Benhumea (a) Ocho o Kasper--. 
(…)

“Sobre lo anterior, destaca el Cártel de Cancún bajo el liderazgo de Oscar Alejandro Rivero Matos (a) Pipo y/o Uno (capturado en noviembre de 2015 por elementos del Mando Único), un sujeto con alias Skinner y el contrabandista de licores y cigarrillos --y vinculado al ex gobernador Mario Villanueva--, Ernesto Alonso de Miguel (a) El Español, ejecutado en el mes de noviembre de 2015”.

El problema es que cada ajusticiamiento, ejecución o ataque de la delincuencia pone en evidencia la nula capacidad de prevención y reacción del gobierno, pues el desastre financiero, la corrupción y la indolencia destruyeron completamente al sistema, y es evidente que revertir dicha deconstrucción institucional llevará mucho esfuerzo y no poco tiempo.

Una de las mejores herencias que le pudiera dejar Carlos Joaquín a Quintana Roo sería la de reconstruir, pieza por pieza, nuestra tranquilidad perdida. Titánica tarea.

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