Desde antes de tomar posesión el 25 de septiembre del año pasado, el gobernador Carlos Joaquín González demostró que estaba decidido a tomar el control político total de la entidad, eliminando resquicios de poder del priismo borgista-felixista que tenía -y tiene- tentáculos en muchas áreas del sector público para poder desarrollar su proyecto de gobierno con relativa facilidad. El primer golpe se dio en el Congreso local, que el PRI y sus aliados del Verde querían convertir en una fortaleza opositora, pero sus sueños fueron derrumbados desde la primera sesión.

Tras tomar el poder vino la natural “limpia” en las dependencias estatales; se acotó el margen de maniobra del presidente del Poder Judicial, Fidel Villanueva Rivero, con reformas impulsadas desde el Congreso para aumentar el número de magistrados y arrebatarle los hilos del Tribunal, y logró sacudirse al Fiscal heredado por Borge, Carlos Arturo Álvarez Escalera, para colocar a un alfil leal a su proyecto.

Aunque el mandatario, con estas acciones, ha logrado empoderarse, aún hay un bastión, último reducto de poder del priismo añejo, que ha permanecido invulnerable a la influencia gubernamental: las delegaciones federales.

Estas representaciones federales siguen, en su mayoría, en manos de funcionarios afines al ex gobernador Roberto Borge Angulo, pues este tuvo durante su gobierno manga ancha por parte del gobierno federal para poner y quitar delegados a su gusto. 

En cambio, en los cuatro meses del gobierno joaquinista no ha habido, hasta el momento, relevo alguno en las delegaciones federales, al menos no en las de importancia, porque algunas de ellas ni siquiera aparecen en el mapa.

Pero allí siguen, por ejemplo, el voraz júnior del partido Verde, Francisco Elizondo Garrido, al frente de la SCT, y César Armando Rosales Cancino, que se mantiene haciendo jugosos negocios en la Sagarpa, solo por mencionar algunos de los más relevantes.

En la SCT, Francisco Elizondo Garrido, joven veracruzano muy amigo del ex gobernador Roberto Borge, ha hecho grandes negocios gracias al manejo multimillonario de recursos federales que pasan por sus manos. A la par se ha encargado de esquilmar a los constructores locales a los que les exige desde viajes hasta camionetas de lujo para su uso personal.

Un caso similar ocurre en la delegación de la Sagarpa, al mando aún del tamaulipeco César Armando Rosales Cancino, oscuro sujeto que ha llenado sus alforjas lucrando con los programas de fortalecimiento al campo, como ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por los propios campesinos.

Rosales Cancino gozó de gran influencia durante el sexenio de Borge, dictando desde la Sagarpa la política a seguir en el sector rural ante el vacío de poder en la dependencia local. Con esa facilidad, armó una lista de empresas consentidas que arrasan con contratos de compra de insumos las cuales, curiosamente, apoyaron con cuantiosos recursos al candidato del PRI, Mauricio Góngora Escalante, en la pasada campaña.

A pesar de esta afrenta nada ha cambiado, pues el delegado de la Sagarpa mantiene su poder, eclipsando a Pedro Pérez, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Estas y decenas más de delegaciones no han sido ni despeinadas por la alternancia gubernamental, convirtiéndose en un obstáculo y tarea pendiente para Carlos Joaquín, que por supuesto está interesado en influir también en la toma de decisiones en esas dependencias.

Claro que no es tan sencillo, ya que la facultad de estos nombramientos es exclusiva del presidente Enrique Peña Nieto, sin embargo no se debe olvidar que Carlos Joaquín formó parte del gabinete presidencial, y que su jefe de asesores, el influyente Juan de la Luz Enríquez Kanfachi, tiene también contactos en las altas esferas del poder en el país.

Las delegaciones no han sido conquistadas por el joaquinismo, pero eso puede cambiar en 2017, si las circunstancias se prestan para ello.