En Cancún todo puede suceder y ahora la novedad es que ya no es necesaria una orden de desalojo girada por un juez competente para deshabitar un predio presuntamente invadido; bastó una orden de chapeo expedida por una dependencia municipal para que las maquinarias contratadas por el dueño de una parcela tiraran las palapas de una treintena de personas, en un operativo en el que además, de manera ilegal, se contó con el respaldo de la fuerza pública.

Lo sorprendente del caso, no lo es quizá la astucia del propietario del inmueble para que en complicidad de su abogado, brincaran la ley y se pasaran por alto la prohibición constitucional de que “nadie se puede hacer justicia por propia mano”. Lo irregular aquí radica en la presunta complicidad de las autoridades municipales para respaldar una acción que evidentemente resulta contraria al Derecho. ¿Se podría hablar de ingenuidad? En lo personal no lo creo. 

El pasado 14 de mayo, el propietario de un predio de más de dos hectáreas en la Región 225 de Cancún, Marvin Canché Estrella, hijo del líder sindical de la FUSIOC, adherida al PRI, Alfredo Canché Pool, procedió con dos maquinarias a la limpieza del terreno, amparado en el oficio DGN/DNA/2043/2014 otorgado un día antes por el titular de Normatividad Ambiental de la Dirección Municipal de Ecología, Felipe Villanueva Silva. Desde luego que el citado documento autorizaba la limpieza y desmonte del área, no el derrumbe de palapas ni el desalojo de los posesionarios, de los que aparentemente no tenía conocimiento el funcionario. 

Si hubiera dudas de la participación de las autoridades municipales, esta se despeja con la activa participación de la policía cuyo titular es el capitán Arturo Olivares Mendiola, quien por cierto en su anterior cargo encabezó, el 19 julio de 2013, un fuerte operativo igualmente irregular para desalojar a catorce propietarios en Punta Piedra, municipio de Tulum, escudado en una orden de aseguramiento de inmuebles girada por el ministerio público de Cancún, es decir, sin que mediara tampoco orden judicial de desalojo. 

En el “desalojo” de la Región 225 participaron alrededor de cincuenta policías municipales quienes si bien es cierto no emplearon la fuerza explícitamente, sí tuvieron un rol importante como coadyuvantes de una orden ilegal, pues en todo momento instaron a los posesionarios a dejar que las máquinas hicieran su trabajo, “pues el dueño tenía permiso para desmontar”, lo cual para ellos también incluía el derrumbe de las palapas. Hubo pues coacción sicológica.

Y que conste, no se pretende proteger aquí a quienes detentan la posesión sin ningún justo título, sólo se defiende el Estado de Derecho y la sujeción de las autoridades al mismo, pues de otra manera, sólo cabe pensar mal.