El pasado viernes 23 de mayo, un convoy conformado por camiones de mudanza, policías municipales y actuarios al servicio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Solidaridad, llevaron a cabo un operativo coordinado y planeado para despojar, justificados en el cumplimiento de un laudo laboral, a cuatro propietarios de centros de hospedaje, ubicados en la codiciada zona costera de Punta Piedra, en Tulum.

El operativo no tendría mayor trascendencia si no fuera porque el acto de autoridad -acusaron los afectados- está revestido de ilegalidades y encubrimientos para favorecer con la entrega de los inmuebles a personas que no detentan ningún derecho sobre los mismos. En otras palabras, los “trabajadores” que ganaron el juicio y a quienes se les adjudicaron los cuatro hoteles, son desconocidos para las partes. 

Los propietarios de Cabañas Ixchel, Dos Ceibas, Playa Azul y Puerta del Cielo no fueron notificados jamás de las respectivas demandas instauradas en su contra, como lo establece el principio Constitucional de “ser oído y vencido en juicio”. No tuvieron oportunidad de negar y contradecir en su caso los hechos y las pretensiones de los “trabajadores”, ni a oponer excepciones ni defensas; mucho menos a ofrecer pruebas a su favor ni a formular alegatos exigiendo que fueran desestimadas las pretensiones de la parte actora. No fueron tomados en cuenta, siquiera como terceros perjudicados.

A las ocho de la mañana de ese viernes, el convoy se dividió y de manera casi sincronizada irrumpieron en la puerta de cada centro de hospedaje, pero no iban a notificar el laudo ni a decirles que tenían término alguno para recurrirlo (inconformarse y pedir, en su caso, que la sentencia fuera revisada por un tribunal de alzada). Llegaron los actuarios de la Junta de Solidaridad a lo que iban, a desalojar a los propietarios, sin más.

No escucharon las alegaciones de los afectados, no entregaron ningún documento, ni siquiera aceptaron decir de dónde venían y cuál era la orden y el número del expediente laboral. Mucho menos aceptaron hablar con abogados. Luego se dieron el lujo de ordenar a la policía municipal que no permitiera el paso de la prensa y pidieron fueran detenidos los que no acataran la instrucción. El periodista Héctor Valdés, del SQCS, fue esposado y privado de su libertad por un par de horas. Tampoco les importó lanzar a la calle a cerca de cien turistas hospedados en los predios asegurados.

La cereza en el pastel: los “trabajadores” que ganaron el laudo por más de doscientos millones de pesos son Samuel Aguilar Ibarra, profesionista jalisciense, panista y ex funcionario “chachista”, señalado en 2010 de un presunto fraude por pescadores de Holbox, a quienes no cumplió con la construcción y entrega de casas de interés social. Omar Homero Tijerina, con residencia en Guadalupe, Nuevo León, empresario dueño de la marca comercial “La Ruidosa Banda Furioza”, grupo musical norteño. El hilo conductor al parecer llega hasta el empresario regiomontano Mauricio Schiavon Magaña y la madeja podría estar más enredada de lo que se ve.