26 de Septiembre de 2018

Opinión

Deuda pública: manejo bancario

Ya que el financiamiento comercial de gobiernos es para infraestructura, principalmente, resulta extraño que la inversión respectiva sea inferior que sus costos financieros.

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Pocos asuntos tan relevantes como la crisis de deuda de varios municipios y estados. Además de su costo fiscal directo, el problema suscita preguntas sobre las condiciones financieras de la deuda pública, las cuales son insostenibles, según el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Deliberar asunto tan enmarañado es relevante para el avance democrático y el funcionamiento de la organización constitucional.

El contexto amplio de la crisis es el proceso de descentralización del gasto público, acelerado a partir de
1998-99 por la redistribución resultante de la representación plural en el Congreso, gubernaturas, congresos locales y alcaldías. Desde entonces las participaciones federales no han dejado de crecer, con más fuerza por la orientación del gasto público a estimular el mercado interno desde 2004. Entre 2006 y 2012 crecieron 25.2%, hasta sumar 28% del presupuesto federal, porcentaje igual al del presupuesto de la administración central al fin del sexenio.

Los ganadores netos de esta expansión han sido la banca comercial y la bolsa de valores, que se embolsaron 9% del gasto público total o 33% del gasto total de estados y municipios en 2012, más que la inversión local promedio en obra pública. La BMV fue la más rentable del mundo en 2012. Una buena tajada del efecto redistributivo esperado del gasto público está siendo engullida por los costos financieros.

Ya que el financiamiento comercial de gobiernos es para infraestructura, principalmente, resulta extraño que la inversión respectiva sea inferior que sus costos financieros. Y debido a que los plazos de vencimiento comercial y el calendario político se desfasan en forma recurrente, las restructuraciones de deuda se tornan frecuentes y tienden a cobrar más peso que el gasto mismo. El caldo está saliendo más caro que las albóndigas.

Esta dinámica financiera/electoral privilegia el uso del “crédito quirografario” (simples pagarés firmados por la autoridad responsable), del todo irregular en contratos financieros con fondos públicos. En el esquema vigente, la deuda dejada por la administración saliente es reestructurada automáticamente por los bancos con la administración entrante, lo que impone costos financieros adicionales.

El costo del financiamiento comercial a entes públicos (“gasto programable” en el presupuesto público) se ha mantenido arriba de 12% desde 1997 (con una caída importante en 2004-05). Considerando que la garantía del crédito (participaciones federales y otros fondos) es segura, un porcentaje de costos financieros tan alto es anómalo. Considérese su efecto agregado de erosión del crédito (crowding out) del resto de la economía.

Una razón de costos tan altos parece ser el criterio de evaluación del riesgo por bancos y calificadoras. Éste es dividido en muchos renglones contingentes, los cuales son tasados y cargados a cuenta en diversos periodos desde las 24 horas. Cada renglón de riesgo estimado al alza añade 1.5% a la tasa comercial del crédito respectivo. Además, las primas de riesgo interactúan entre ellas, lo que arroja costos agregados. A mayor número de renglones de riesgo considerados, mayor el rédito de los préstamos en conjunto.

La definición de riesgo implícita en las calificaciones de crédito es turbia por redundante. Por ejemplo, las participaciones federales son tomadas como garantía segura, pero al mismo tiempo son evaluadas como signo de “debilidad” de los gobiernos locales porque reflejan dependencia fiscal. Una misma garantía recibe valores contradictorios. Tan ilógica atribución es tomada como riesgo, el cual aumenta el costo financiero. En pocas palabras, el acreedor cobra por cobrar.

Otro campo de riesgos inflados son las variables externas, que influyen más en la capacidad de los prestamistas que en la de los deudores. Sin embargo, el costo del riesgo respectivo es trasladado a estos últimos. Por ejemplo, a pesar de que la crisis financiera global no ha modificado la tendencia creciente de las participaciones federales, los acreedores cargan una prima de riesgo por entorno financiero global adverso.

Además de las participaciones federales, los bancos toman como garantía las cuotas por peaje vehicular, el ingreso por tenencia, el flujo de efectivo de las inversiones financiadas por los préstamos, los impuestos locales, los ingresos netos de los organismos públicos (juntas de agua) y los impuestos sobre la nómina.

El acreedor recupera los préstamos automáticamente, cobrándose del fondo de participaciones federales, sin juicio de por medio. Esto explicaría el sorpresivo incumplimiento de varios gobiernos locales con proveedores y hasta con la nómina de empleados públicos.

El esquema es herencia neoliberal y parece haber sido hecho para que los intermediarios financieros se sirvan con la cuchara gorda a costa de las finanzas públicas. Es dudoso que los funcionarios y representantes públicos que se han servido de él como negociantes particulares puedan arreglarlo. Con más razón si promueven la bancarización con ahínco, mientras ellos mismos hacen compras millonarias al contado.

Fuentes: SHCP, ASF y agencias calificadoras. 

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