Los elementos con los que contamos nos dicen que no hay mucho que festejar en el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se libera a la sentenciada Florence Cassez, aunque sí lecciones importantes que aprender. Las deliberaciones de marzo pasado, también en la Corte, y las de este miércoles dicen mucho sobre la justicia en relación a un tema sumamente delicado: las consecuencias producto de las deficiencias en el proceso de detención de un presunto responsable de la comisión de un delito.

La responsable no fue absuelta, sino que la sentencia condenatoria perdió validez. Florence Cassez no es inocente en sentido de valoración de pruebas que la liberen de culpa, sino que las pruebas presentadas perdieron valor por los llamados efectos corruptores de una detención irregular. Por la presunción de inocencia, también hay que decir que, en estricto sentido legal, la señora Cassez no es culpable, precisamente porque la sala anuló la validez de los elementos de probanza de su responsabilidad penal. Este es el escenario.

En Francia se celebra lo que muchos en México lamentan: la liberación de una sentenciada. Lo anterior se debe, seguramente, al prejuicio respecto a las instituciones de justicia mexicanas y a su mala imagen, lo que propicia que en el país europeo se actúe en desproporción a lo delicado del caso. Como es común, son los políticos y los gobiernos quienes con mayor ligereza y sin recato alguno, no importa ideología o partido, se arropan en las exaltaciones populares superficiales, para estos fines, lo mismo es el deporte, el éxito internacional de una celebridad o una sentenciada por secuestro en un país extranjero. El gobierno galo festeja un “logro” diplomático en un escenario complicado en fechas recientes por el escándalo de sus ricos y personajes públicos adinerados que se trasladan con sus fortunas a otros países para escapar de la onerosa carga fiscal que ha resuelto imponerles.

En México es explicable la reacción negativa de muchos. Tiene que ver la precaria cultura de la legalidad, lo que dificulta entender y aceptar las razones y causas de la liberación. Seamos claros, a la sentenciada no la liberó la Corte, sino las deficiencias y vicios en el proceso penal. Es cierto que la Sala pudo haber devuelto el caso al tribunal de sentencia para revisar la resolución a partir de las pruebas anuladas, pero imperó la interpretación sobre los efectos corruptores de las distorsiones legales en la detención, más cuando se trata de un proceso penal. Es posible que el polémico giro de postura de la ministra ponente haya tenido que ver con la idea de que devolverlo al juez significaría posponer una decisión ya resuelta por la afectación de los elementos de probanza.

Ahora, parte de la opinión pública ve una Corte negligente, no entiende que las acciones y omisiones ilegales en la detención afectaron el proceso. Es un aspecto que la gente no comprende porque, desafortunadamente, no valora la legalidad que debe prevalecer a lo largo del proceso penal, independientemente de si se es culpable o inocente.

El tema de fondo y que trasciende a este fallo en particular es, por una parte, el bajo aprecio de los mexicanos por la ley y sus procesos; por el otro, la generalizada impunidad que se padece en el país y la ligereza con la que algunas autoridades tratan muchos de los procesos. La impunidad obstruye de manera creciente que los ciudadanos entendamos e interioricemos la tesis de que no puede haber justicia penal que no sea legal. Autoridades y ciudadanos asumen, erróneamente, que puede haber atajos para llegar a la justicia, cuando en realidad ésta solo existe cuando hay de por medio un proceso penal con estricta observancia de la ley y de las garantías del acusado.

Este es un tema que pone a prueba a toda comunidad o nación. La sociedad estadunidense festejó de manera generalizada la ejecución de Osama Bin Laden, un claro precedente de justicia al margen de todo concepto de legalidad. Lo mismo sucede en pequeñas comunidades y donde la situación se vuelve insostenible por la ausencia de autoridad, las personas recurren a la justicia por mano propia, una forma de autodefensa o venganza, expediente tan inaceptable como insostenible.

La justicia penal es espectáculo y en no pocas ocasiones los medios se dejan llevar. Las autoridades deben mantener cuidado y rigor. La secrecía y el respeto a la víctima, incluso a los presuntos responsables es una regla básica de la justicia. Lamentablemente, el anterior gobierno federal convirtió en práctica común mostrar ante los medios a detenidos de los diversos operativos, y esto, que a muchos puede parecer natural o justificable, es una práctica indebida y repudiable. Quizás el sentimiento de ofensa por la impunidad que prevalece rechace la idea, pero toda persona es sujeto de derechos, incluso los presuntos responsables y hasta los sentenciados.

Cabe recordar que el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, que visitó México en 2008 para verificar las condiciones de los centros de detención y las prácticas que se siguen con las personas aprehendidas, elaboró un reporte en el que pidieron “revisar y eliminar la práctica generalizada de exhibir públicamente en medios de comunicación colectiva a personas privadas de la libertad que todavía no han sido condenadas ni prevenidas de sus derechos y de defensa legal, ya que ese tipo de exposición no solo favorece su incriminación, sino un trato cruel, inhumano y degradante”.

Insisto, poco hay que festejar del fallo de la Corte porque revela el atraso que existe en el país en el sistema de justicia, toda vez que el caso particular no es único ni excepcional, sino el ejemplo de una realidad y de una práctica generalizada. La liberación de la sentenciada es trágica, sobre todo para las víctimas, pero al menos ofrece la oportunidad de advertir la magnitud del problema del país en materia de seguridad y de justicia. Poco resuelve en sí, pero mucho aporta como lección lo acontecido si autoridades, jueces, legisladores, medios y ciudadanos, todos, aprendemos sobre el valor de la legalidad. En todo ello las víctimas lo son por cuenta doble: por el daño del delito del que fueron objeto y por la incapacidad de la justicia para sentenciar a los responsables a causa de errores elementales en el procedimiento penal.

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