Diputados en riesgo

Si en el ejercicio de la responsabilidad parlamentaria los legisladores son vulnerables a actos de violencia, el riesgo de ser víctima de dichas acciones interfiere directamente con la integridad de sus decisiones como representantes populares.

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El diputado Gabriel Gómez Michel murió asesinado tras ser secuestrado. La clase política ha reaccionado con una condena unánime. La sociedad civil, por el contrario, ha reaccionado con indiferencia. Incluso las organizaciones no gubernamentales dedicadas a luchar contra el secuestro se han mantenido en el silencio, o al menos no han alzado su voz como en otros casos.

Los medios, por su parte, han dado cuenta de los hechos sin la intensidad, y hasta estridencia, con las que han reaccionado ante delitos semejantes cometidos en contra de algunos notables o, desde luego, otros periodistas.

El asunto pareciera ser visto como problema de un grupo particular dentro de la sociedad, tal vez los diputados, tal vez los políticos, y desde luego no contra la sociedad en su conjunto.

Pero ocurre que los diputados lo son para representar a los ciudadanos y lo son exclusivamente gracias a que estos ciudadanos votaron por ellos, los eligieron activamente para desempeñar esa tarea.

Si en el ejercicio de la responsabilidad parlamentaria los legisladores son, por la vía de los hechos, vulnerables a actos de violencia, el riesgo de ser víctima de dichas acciones interfiere directamente con la integridad de sus decisiones como representantes populares, considerando inevitablemente en ellas no sólo su efecto para la sociedad en general, sino el riego personal que éstas pudieran implicar, en dependencia de los intereses que se afecten y de la capacidad de los afectados para ejercer la violencia que, como en el caso del diputado Gómez Michel, se demuestra efectiva aunque pueda eventualmente ser sancionada. Cuando los diputados comienzan a ser asesinados, la amenaza potencial sobre los que sobreviven se hace efectiva.

El Estado tiene que garantizar la plena seguridad de los legisladores como una necesidad para proteger la integridad de las decisiones del Congreso.

Es indispensable que, en los hechos, los legisladores no puedan ser víctimas de estos crímenes a fin de lograr que, al decidir sobre las leyes y presupuestos que nos afectan a todos, no exista la posibilidad de que sea el temor a la violencia el que defina sus acciones.

El Estado mexicano está en la obligación de impedir que las decisiones de su principal órgano sean condicionadas por el miedo fundado de sus integrantes.

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