En la carretera Chetumal-Escárcega disparan contra autobuses. El más reciente ataque fue contra un camión “de paso” de la empresa OCC que salió de la capital hacia Campeche, a la 1:30 de la madrugada del sábado 19 de abril. Partió de Cancún ese mismo día y su destino final fue Tapachula. La información ha sido ocultada por los transportistas y las autoridades de Seguridad Pública.

Según testigos, los disparos se efectuaron contra el vehículo en movimiento, en la ventana del conductor, quien salió ileso. El mismo chofer confirmó a los ocupantes no era ese el primer atentado contra autobuses. Además de estos ataques, la prensa ha publicado que en el mismo tramo, cercano a Nicolás Bravo, bandas delincuenciales detienen a los vehículos para robar las pertenencias de sus pasajeros.

Días antes del hecho, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Bibiano Villa Castillo, aseguró que los índices delictivos suben en Quintana Roo debido al desempleo y no por ineficacia de su Secretaría.

Nada más lejos de la realidad. El Estado permanece entre los diez con mayor índice de ocupación y los programas en la materia son ejemplos en el país. No es casualidad que en Quintana Roo se aplicará un programa piloto para combatir el trabajo infantil. Villa se equivoca y, otra vez, “dispara” al aire.

En el contexto de la celebración por el Día del Niño y Día del Trabajo, Novedades publicó en portada el pasado lunes 28 una noticia alentadora: Quintana Roo será el primero en atacar la explotación laboral infantil, que de resultar un éxito se convertirá en modelo para las otras entidades. La meta no es sencilla, ya que según estadísticas de la Secretaría del Trabajo federal hay aquí aproximadamente 32 mil menores en dicha situación.

En contraparte, la Secretaría estatal del ramo considera que la cifra es menor a esa debido a las acciones implementadas a la par del censo federal en las zonas cañera y rural para sacar a los niños de jornadas tan extremas; además de que, con la reforma constitucional reciente –la cual sube la edad mínima para trabajar de 14 a 15 años– se reducirá la cifra considerablemente. Debe recordarse que, por la ley, la participación del menor en actividades productivas queda prohibida cuando su exposición sea peligrosa e insalubre y pueda producir efectos negativos, inmediatos o futuros, para su desarrollo físico, mental, psicológico o social. 

Definir la cifra es importante, pues la información actualizada servirá para constituir el Observatorio Estatal de Trabajo Infantil y otras instancias que buscarán erradicar la práctica.
Al respecto, Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, secretario del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, ha dicho que más allá del número real, las edades, los tipos de empleo y los sitios detectados, se actúa con los recursos disponibles en Quintana Roo.

Los menores que trabajan suelen decir que son obligados por sus padres, ya que de esa manera aportan al presupuesto familiar porque tienen múltiples necesidades. En tal sentido, programas como Ferias del Empleo, Bécate y Fomento al Autoempleo, permiten configurar un círculo virtuoso, necesario para que los niños estudien y no trabajen. Por eso la misión de combatir el flagelo debe apuntalarse con más y mejores empleos para los adultos, incluyendo a grupos vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres.

Quien revise las estadísticas de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer en Benito Juárez, encontrará que hubo 23 denuncias en enero, 18 en febrero y 6 en marzo en el rubro “incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar”. Claro está, son madres de familia que este 10 de mayo “festejarán”, al menos, que ya se diseñan políticas orientadas a darles apoyo.

Muchas de ellas obligan a sus hijos a trabajar porque, según pretextan, no les alcanza el presupuesto.