20 de Octubre de 2018

Opinión

Distribución del ingreso

Tenemos un problema serio de distribución de recursos, donde la riqueza socialmente generada se distribuye cada vez más entre cada vez menos y cada vez menos cada vez más

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A pesar de las cifras diferentes entre la FAO, organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura,  y la Secretaría de Desarrollo Social sobre la población en situación de pobreza, por el uso de diferentes parámetros para medirla, hay un consenso generalizado, desde hace ya largo tiempo, respecto a la necesidad de poner en marcha políticas de Estado para combatirla o por lo menos atenuarla en sus manifestaciones más extremas.

Como en el combate al hambre, dirigido a la población que por diferentes razones  no tiene acceso a la alimentación mínima necesaria para subsistir. Y, a pesar de las críticas que puedan hacerse, tal vez sobre la necesidad de expandirse, resulta inobjetable el programa de establecer comedores comunitarios, cualquiera que sea su nombre oficial, dirigido a brindarle alimentos a este sector tan vulnerable de la población.

Y así se generan otros programas enfocados a solucionar las demás carencias características de la pobreza, como el acceso a los servicios de  salud, a la educación y de la infraestructura de comunicación.

Sin embargo, el combate a la pobreza no debe estar supeditado sólo a la estrategia asistencialista, sino que se debe articular con la política económica del gobierno, enfocada al sector productivo.

Si partimos de que la gente en situación de pobreza es la que no está incorporada al sector formal de la economía, una estrategia más sólida puede consistir en establecer programas que incentiven la generación de empleo; no obstante, una buena parte de quienes tienen empleo puede ser ubicada en uno de los diferentes rangos de pobreza y ello tiene que ver con lo precario de sus ingresos. Así que el asunto parece desentenderse del sector productivo para ubicarse en el de la distribución del ingreso.

Sólo de esta manera puede entenderse lo que sucede en nuestro país, donde los datos de crecimiento económico, desde la perspectiva empresarial, no corresponden con el abatimiento de la pobreza, ni siquiera con el aumento de  ingresos de los trabajadores y el mejoramiento de su nivel de vida. De manera que el destino de los trabajadores no está ligado al éxito de sus empresas y menos a las utilidades que obtienen. Peor aún,  gran parte de los que hoy día tienen empleo carecen de un eficiente programa de retiro que les garantice los ingresos necesarios para librar la situación de pobreza.

Tenemos un problema serio de distribución del ingreso, donde la riqueza socialmente generada se distribuye cada vez más entre cada vez menos y cada vez menos cada vez más. Donde el Estado deja de cumplir con la función redistributiva de los ingresos a través de la política fiscal e impositiva. Comenzando por la incapacidad del gobierno para evitar la evasión y elusión de impuestos de nuestra demandante clase empresarial.

Ahora que han mermado considerablemente los ingresos estatales petroleros, resulta inevitable establecer programas de vigilancia para impedir el fraude fiscal; así como el establecimiento de políticas que promuevan una mejor distribución del ingreso.

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